Por Marco Lara Klahr.- «¿Cómo es posible semejante infamia? ¡Ni siquiera estoy condenado! ¿Cómo pueden, entonces, tener el derecho de castigarme? Aquí nadie sabe todavía si soy inocente o no, y, si lo soy, ¿cómo puede ser que tengan el derecho a maltratarme?» ?se pregunta desolado el pintor Egon Schiele, maestro del expresionismo alemán, en Egon Schiele en prisión, relato biográfico que escribió su amigo entrañable Arthur Roessler sobre los 24 días de cárcel «preventiva» que aquel pasó en Austria, en abril de 1912, bajo acusaciones tan aberrantes e inconsistentes que se diluyeron y él fue absuelto.
En México, las preguntas que se formula Schiele siguen siendo dolorosamente pertinentes. Durante estos días de asueto, conforme leía su traumática experiencia, que registró en una serie de sobrecogedores dibujos a gouache, acuarela y lápiz [como el que reproduzco, titulado «Perseveraré de buen grado por el Arte y por mis seres queridos»], pensaba en que todo eso que hace justo un siglo le parecía inaceptable, sigue siendo normal para el sistema de justicia penal mexicano, y que esa normalización de la brutalidad del Estado contra las personas imputadas de delito es posible por el trabajo que hacemos los medios y los periodistas a través de los «juicios mediáticos».
La semana anterior, en «El extraño caso de Doctor Prensa y Míster Medios», me referí a la Recomendación 3/2012 [marzo 26, 2012] que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, hizo a la Procuraduría General de Justicia del DF y al procurador Jesús Rodríguez Almeida, por la «Exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la contenida en los expedientes de averiguación previa».
He estado atento a la reacción de los medios y me ha parecido elusiva y mediocre. En los días posteriores inmediatos a la aparición de este gran documento de la CDHDF, publicaron notas informativas anodinas y, por cierto, ni un solo editorial donde cuando menos un medio, uno solo, se diera por aludido o explicara de cualquier modo ?no necesariamente autocrítico? la relación que puede establecerse entre la Recomendación 3/2012 y su política editorial o las de la industria noticiosa en general.
Al terminar la lectura de Egon Schiele en prisión volví de manera automática a las páginas de esa recomendación y revisé con detenimiento sus once anexos, y me parece que poseen un valor que no podemos darnos el lujo de desperdiciar como ciudadanos.
En ellos se documentan, con profusión de testimonios, las 29 quejas que dieron lugar a la recomendación, en agravio de 50 personas que la Procuraduría del DF exhibió ante los medios, práctica de suyo violatoria del debido proceso y los derechos de personalidad, pero todavía más aberrante en aquellos casos donde ni siquiera existían los elementos indiciarios mínimos para proceder judicialmente contra los afectados.
Dichos anexos incluyen las copias de los boletines emitidos por esa institución y la manera en la que decenas de medios a través del país se limitaron a reproducirlos, entremezclándolos con información aportada en las conferencias de prensa respectivas, así como las imágenes del momento en el que se consumó cada «juicio mediático».
Pero los anexos más significativos son el «V. Documentales e informes rendidos por las autoridades», que incluye el «Acuerdo A/004/2005 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emiten los lineamientos en relación con los probables responsables que son presentados ante los medios de comunicación» [septiembre 2005], y como podrá verse esa institución viola de manera sistemática y flagrante; el «VI. Valoraciones de impactos psicosociales», riguroso diagnóstico sobre los daños de los «juicios mediáticos» en las personas «enjuiciadas» que resultaron ser inocentes, sus familias y la comunidad; y el «IV. Testimonios de personas agraviadas», por supuesto: describe las torturas, tratos crueles y degradantes y abusos de autoridad necesarios para que los medios y los periodistas ?sirviéndonos de infraestructura, personal y fondos públicos? tengamos siempre noticias frescas que «informar» a nuestras anestesiadas audiencias.
La CDHDF se halla en espera de la respuesta de la Procuraduría del DF y su titular responsable a la Recomendación 3/2012. Pero independientemente de eso, los ciudadanos organizados debemos encontrar recursos legales y políticos para utilizar esta información de modo que los derechos de los agraviados sean restituidos y, sobre todo, que no haya más víctimas de los «juicios mediáticos» ?detrás de los cuales se ocultan la ineptitud y arbitrariedad del sistema de justicia penal y sus operadores. No desperdiciemos la Recomendación 3/2012, insisto.