Por Marco Lara Klahr. Cientos de medios periodísticos del país -convocados por Televisa y TV Azteca- firmaron hace un año [marzo 24, 2011] el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, mecanismo entonces atendible, no obstante que enlistaba solo buenas intenciones y no derechos específicos a respetar desde el espacio noticioso.
En este espacio recordé que «Durante los últimos dos años y medio, muchos de los más poderosos corporativos noticiosos mexicanos han simulado firmando de cara al público compromisos auto-regulatorios por la legalidad, la ética periodística y la responsabilidad social, que luego incumplen, defraudando de ese modo a sus amnésicas comunidades».
Aludía a los fracasados Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad [agosto 2008], Carta-Compromiso de Boca del Río [noviembre 2009] y compromiso de  «Acuerdo por la Discreción» de tipo colombiano que hizo Karen Sánchez Abott, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión [octubre 2010].
Una vez más, por desgracia, fuimos defraudados. El tiempo demostró que ningún poder fáctico ?en este caso el mediático? puede auto-contenerse si no parte, a) de un marco regulatorio establecido por la estructura del Estado, y b) del necesario contrapeso democrático del público en tanto su interlocutor directo.
Es decir, los medios y los periodistas solo respetaremos le legalidad, los derechos de los demás y la ética profesional cuando estemos obligados por la ley y nuestras comunidades. ¿O un banquero, un funcionario o un comerciante van a decir, por voluntad propia, de buena gana, «A partir de hoy no lavaremos activos, pues decidimos que está mal y nos sometemos a unas reglas de ética financiera que ya firmamos»?
Humillado por sus propios firmantes ?que persisten en su rol de «jueces paralelos» de víctimas e imputados de delito?, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia se revela como una anomalía: a través suyo los medios industriales pretenden que es posible suplantar la ley, al tiempo que violan la precaria regulación y boicotean toda iniciativa que persiga normar el acceso a la información y la libertad de prensa.
A su vez, quienes encabezan los poderes federales y estatales prefieren medios sometidos a la publicidad y la información oficiales, y no profesionalizados ni regulados, cuya supuesta investigación periodística en el ámbito de la seguridad y la violencia se limita a la reproducción de conferencias y boletines de prensa, y al acceso ilegal a detenidos, escenas del crimen y trozos de expedientes judiciales. En tanto, las organizaciones civiles carecen de la fuerza articulada para contrapesar a los medios.
Al final, los perdedores son, a) las víctimas y los imputados de delito, cuyos derechos procesales y de personalidad resultan avasallados por el binomio autoritario prensa-sistema de justicia penal, y b) el público, que pierde su derecho a estar informado.
Apremia, por ello, encontrar remedios sociales contra ese estado de cosas y lo primero es derribar las falacias según las cuales, a) medios regulados equivalen a medios amordazados, y b) toda regulación es per se conculcatoria de las libertades de información y expresión. Como el sistema financiero o cualquier otro, el de medios debe ser regulado, no hay opción.
Gracias a Ina Zoon, prestigiada activista rumana por la justicia procesal penal, conocí la «Instrucción 3/2005 sobre las relaciones del ministerio fiscal con los medios de comunicación», que contiene nociones de hacia dónde movilizarnos como sociedad ?incluido el gremio periodístico.
En dicha «Instrucción» el Ministerio Fiscal del Poder Judicial español establece las bases de su relación con los medios para asegurarse de que la Administración de Justicia sea transparente, con el único límite del respeto a los derechos que tienen las víctimas y los imputados de delito ?sus familiares y los testigos? al debido proceso y de personalidad.
O sea, privilegia la máxima publicidad de los procesos judiciales desde la fase de investigación hasta las audiencias orales, en beneficio del derecho a la información del público, siempre bajo el principio de proporcionalidad, protegiendo al mismo tiempo la presunción de inocencia, la intimidad, la identidad, la dignidad y la imagen de quienes protagonizan los juicios.
Analicemos y debatamos el documento para avanzar hacia una regulación de medios equilibrada e incluyente que abarque el ámbito de la justicia penal ?algo que adquiere especial relevancia hoy que en México se implementa un modelo de sistema penal acusatorio con base en la reforma constitucional de 2008.
¿Que los corporativos mediáticos gritan «censura»? Que lo hagan, es algo predecible considerando lo alejados que están del bien de sus comunidades. ¿Qué proponen, mejor, auto-regularse? Que su auto-regulen, pero con base en el respeto a una legislación democrática y no beneficiándose de los vacíos legales. ¿Que aseguran no necesitar leyes porque para eso firmaron el Acuerdo del año pasado? Mienten, no lo respetaron ni honraron su propia firma, y hoy está tan fracasado que aun la página virtual que lo alojaba se cayó: http://www.mexicodeacuerdo.org/acuerdo.pdf.