Declaración de los organismos civiles ante la posible creación de una ley estatal sobre desplazamiento forzado para el Estado

9 de marzo de 2011

A la opinión pública,
A las agencias de Naciones Unidas que operan en el estado de Chiapas,
Al gobierno de Juan Sabines Guerrero,
A la cámara de diputados del estado de Chiapas,
A los representantes de los grupos de desplazados asentados en el estado.

Las organizaciones civiles firmantes,

• Tomando en cuenta el anuncio de una probable creación de una ley estatal sobre desplazamiento forzado en Chiapas,

• Recordando los lamentables sucesos de desplazamiento forzado ocurridos en el pasado por motivos calificados como de conflictos religiosos, y aquellos ocurridos en el marco del conflicto armado aún no resuelto en Chiapas, y su deficiente atención,

• Reconociendo nuevos eventos de desplazamiento forzado que han ocurrido y que probablemente, sin una eficaz prevención seguirán ocurriendo en el estado por otras causales, desde desastres medioambientales hasta proyectos de desarrollo e inversión tanto públicos como privados, entre otros,

• Considerando los anteriores intentos de ley sobre desplazamiento interno, presentados por diputados federales y rechazados por la Cámara correspondiente en el Congreso de la Unión,

• Retomando como guía los Principios Rectores del Desplazamiento Interno de las Naciones Unidas, conocidos como Principios Deng (E/CN.4/1998/53/Add.2), el informe realizado por el propio Relator Especial de enero de 2003 (E/CN.4/2003/86/Add.3) después de una visita oficial a nuestro país, y los diversos informes realizados por las propias organizaciones civiles sobre el tema,

• Afirmando la importancia del reconocimiento legal del desplazamiento forzado para establecer obligaciones al estado que permitan una eficaz prevención, sanción, atención y reparación frente al fenómeno, y

• Considerando la realización del Foro de Diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas, convocado por diversas agencias de las Naciones Unidas para desarrollarse los próximos 9 y 10 de marzo del presente año, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Manifestamos que cualquier propuesta de ley debe retomar el concepto de desplazado interno contenido en los principios Deng, estar basada en una perspectiva de derechos humanos, tanto individuales como colectivos bajo criterios pro-persona, de acuerdo a la práctica jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacadamente su Corte, y considerar que:

1.- El desplazamiento forzado es un atentado a la dignidad de la persona. Es una violación a los derechos humanos porque despoja a las víctimas no sólo de un sustento material sino de su territorio de existencia para desarrollar libremente sus planes de vida, afectando diferenciadamente a las víctimas por su condición social, cultural, económica, de género y edad.

2.- El desplazamiento forzado cualquiera sea su causa, debe ser eficazmente prevenido estableciendo medidas que obliguen tanto al estado como a particulares, a omitir acciones que lleven al desplazamiento forzado de cualquier persona o grupo de personas.

3.- El desplazamiento forzado por causas atribuibles a la acción humana, debe estar prohibido y severamente sancionado, particularmente cuando la responsabilidad recaiga en un servidor público.

4.- El desplazamiento forzado sólo es justificable por razones humanitarias y para salvaguardar la vida y la integridad física y psicológica de las personas como en el caso de los inminentes desastres naturales. En tal condición, el desplazamiento deberá ser previamente informado a los afectados, fundado razonablemente y publicitado.

5.- El desplazamiento para no ser arbitrario y por tanto forzado, deberá estar fundado en un bien público mayor y contar con el consentimiento libe e informado de los afectados para lo cual se deberán establecer consultas públicas a los potencialmente afectados, vinculantes, en los idiomas locales y ser de buen fe. El bien público mayor no debe significar un sacrificio de unos para beneficios de terceros y deberá contemplar beneficios materiales e inmateriales directos para los potencialmente desplazados.

6.- Las víctimas de desplazamiento forzado deberán ser inmediatamente atendidas por el estado para salvaguardar su integridad, por ello, la carga de la prueba sobre la no-condición de desplazamiento forzado, independientemente de la causa, deberá recaer en el estado.

7.- Mientras se encuentren en situación de desplazamiento y hasta su retorno o reubicación, las víctimas deberán ser tratadas con respeto y dignidad de acuerdo a su condición cultural, de género y de edad; protegidas del abuso, la discriminación, la explotación sexual y laboral; y deberá garantizárseles el goce de todos sus derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo el acceso pleno a la jurisdicción del estado.

8.- Las víctimas de desplazamiento forzado deberán tener la garantía de regresar al lugar de donde fuesen desplazados conforme a su voluntad, en condiciones de dignidad y seguridad, y sólo cuando ello no sea posible, con la participación y consentimiento de los desplazados, garantizar la reubicación en un lugar que contemple condiciones similares o mejores al lugar del desplazamiento.

9.- La atención a las víctimas de desplazamiento forzado deberá estar orientada a resarcir hasta el máximo posible los daños ocasionados para la reconstrucción de condiciones que les permitan reanudar sus proyectos de vida y hasta el punto de su auto-sostenimiento económico. Esta atención deberá contemplar aspectos físicos, emocionales y materiales, que respondan a los derechos internacionalmente reconocidos y a las condiciones particulares por razones de cultura, género y edad, particularmente tratándose de poblaciones indígenas.

10.- El estado de Chiapas tendrá la obligación de coordinar y crear las instituciones, normas y reglamentos, así como dotar de los recursos que sean necesarios para garantizar una efectiva aplicación de una ley sobre desplazamiento forzado.

11.- La ley deberá reconocer a aquellos grupos de desplazados por eventos pasados, independientemente de la causa de su desplazamiento, que por su propio esfuerzo han podido reconstruir condiciones mínimas para continuar sus proyectos de vida con la poca o nula intervención del estado, y establecer mecanismos de atención, de acuerdo a los estándares descritos en los puntos anteriores y aquellos establecidos en los Principios Deng, a aquellos grupos de desplazados que aún se encuentran en situación de vulnerabilidad o precariedad, de tal modo que puedan librar los obstáculos persistentes generados por su desplazamiento en años anteriores.

Declaramos que en esta propuesta de diálogo que se pretende para el Foro de los días 9 y 10 de marzo próximos, deberá plasmar en su memoria todas las voces en condiciones de equidad, transparencia y horizontalidad, y enfocar sus resolutivos en la construcción de consensos para una ley de desplazamiento forzado que proteja eficazmente de la violación a los derechos humanos ocasionados por el desplazamiento antes, durante y después de que ocurra, de acuerdo a los puntos arriba señalados.

Las organizaciones civiles estaremos atentos y vigilantes de este proceso a fin de que cumpla con los más altos estándares de derechos humanos y de una verdadera práctica democrática.

Atentamente,
Centro de Apoyo al Trabajador – Puebla
Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, AC – Guerrero
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC – Distrito Federal
Centro Nacional de Comunicación Social, AC (CENCOS) – Distrito Federal
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, AC – Oaxaca
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (Coreco) – Chiapas
Comité Cerezo México – Distrito Federal
Edupaz, AC – Chiapas
Enlace, Comunicación y Capacitación, AC – Chiapas
Iniciativa Ciudadana Oaxaca – Oaxaca
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC (Inicia) – Chiapas
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y la Democracia, AC – Distrito Federal
Maderas del Pueblo del Sureste, AC – Chiapas
Otros Mundos, AC – Chiapas

Nuevo presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 28 de enero de 2011

El día de hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con el sentimiento que nos embarga por la pérdida de jTatic Samuel, pero con el entusiasmo de seguir caminando según la enseñanza, el ánimo y espíritu heredados de él, en nuestra reunión de Consejo Directivo, decidimos otorgar la Presidencia de este Centro de Derechos Humanos a Tatic José Raúl Vera López.

El nuevo presidente en conferencia de prensa recordó el trabajo de jTatic Samuel:

“Don Samuel no sólo veía al sujeto como persona en lo individual sino como un sujeto social constructor de paz, constructor de una sociedad que valga la pena, que garantice (…) crecimiento hasta una plenitud humana, bella. Don Samuel ha articulado no solamente su trabajo dentro de la iglesia viva, que construye la historia de los seres humanos tanto los que están en la iglesia como toda la sociedad.”

“… (que) tengamos bases de acuerdo, tengamos principios éticos, de respeto a la vida, al destino de los bienes de la tierra para todos los seres humanos, una sociedad que esté garantizado a todo ser humano el derechos que tiene a una vida plena”

Este Centro, dijo Tatic Raúl, “lo hizo (Don Samuel) primero porque veía todo lo que pasaba allá con los hermanos en las comunidades, pero ahora es un Centro de ellos, no es un centro para ellos, sino de ellos en donde se va creado ese sujeto social, en ese sujeto que verdaderamente habita en un corazón en una mente, en un proyecto que habita lo que verdaderamente debe ser una sociedad mexicana, para que dejemos de tener la barbarie que tenemos en este momento (…) en el pueblo tenemos la garantía del futuro para México, no la tenemos con los que de manera tan cínica destruyen el país, lo tenemos en el pueblo, en Don Samuel. Por éso este Centro es para que se garantizara y garantice la justicia, un camino de paz, Don Samuel un constructor de la paz, porque él trabajó para que se dieran las condiciones de la paz y justicia, para que prevalezca una sociedad en que se respeten los derechos.”

Por eso en esta nueva etapa: “queremos y prevemos, con la fuerza de Don Samuel, desde los pobres, los más olvidados que es el mundo indígena, queremos ahora también proyectar nuestra reflexión dentro del contexto nacional, dentro del contexto de violencia y guerra. Aquí hay una violencia por el territorio para ganancia y para destruir, allá se disputa el territorio para vender veneno, pero queremos asumir la responsabilidad de ser parte del México que también hoy queremos construir. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (…) recoge el espíritu de don Samuel y legado, y trabaja para la construcción de una sociedad mejor en la base racional, ética y en la que se garantice los valores elementales y la supervivencia de la sociedad. Creemos en la construcción de una sociedad diferente, porque estamos construyéndola”.

Con estas palabras Tatic Raúl Vera asume con alegría el cargo de Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con lo cual todas y todos los integrantes nos sentimos felices y con mucho ánimo de seguir construyendo el ejercicio pleno de los derechos humanos en Chiapas y en México.

Para la ley, los adolescentes acusados no son «criminales»… pero lo son en las noticias

Por Marco Lara Klahr. Al menos de forma primaria, la función del periodismo no es pedagógica, sino informativa. El abordaje noticioso sobre un cierto asunto de interés público y su difusión masiva, sin embargo, diseminan valores que dejan de ser inocuos al determinar visiones de la vida y el entorno social, y sucesivos comportamientos.

El Proyecto Presunción de Inocencia en México ?de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio de Open Society Justice Initiative? considera a los medios noticiosos y los periodistas cruciales en el éxito o fracaso de la reforma del sistema de penal que ocurre en México, en los ámbitos federal y estatales, desde 2008.

Es por ello que observa y analiza de manera propositiva el modo como informan sobre el sistema judicial, la reforma correspondiente y las temáticas relacionadas con el delito y su persecución.

Siguiendo al caso del adolescente de 14 años detenido en Morelos [diciembre 4, 2010], acusado de participar, sin que se haya comprobado legalmente, en asesinatos por cuenta de una organización criminal, el 6 de diciembre [2010] el diario Reforma publicó la noticia «Alistan reforma para menores criminales».

Da cuenta, sin clarificarlo, de la inminente aprobación en el Senado de la Ley Federal del Sistema de Justicia para Adolescentes (para cumplir con la reforma constitucional de 2005). Pero tanto el encabezado como el lead tienen ya imprecisiones: 1) las personas mayores de 12 años y menores de 18, según el derecho internacional y el Artículo 18 constitucional, no son «menores», sino «adolescentes», un término que se aleja de la visión tutelar que concibe a los no adultos como inferiores; 2) según los mismos ordenamientos, los adolescentes en conflicto con la ley penal no son «criminales», sino «acusados» o «imputados», y no incurren en «delitos», sino en «conductas antisociales», y 3) el Sistema de Justicia para Adolescentes existe ya desde 2006 en la mayoría de los estados del país, tras la reforma al propio Artículo 18 constitucional de 2005, que impone la creación del sistema integral de justicia para adolescentes en sustitución del anacrónico «sistema tutelar de menores»; en realidad, lo que está en curso de dictaminen en el Senado es el marco legal del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes ?¡cuatro años después de vencido el plazo impuestos por aquella reforma para establecerlo!

En el primer párrafo, asimismo, tacha al adolescente acusado en Morelos de «niño sicario», violando su derecho a la presunción de inocencia, asentado en el Artículo 20 constitucional como el primero de los «derechos de toda persona imputada» ?un tribunal es la única autoridad competente para condenar a una persona acusada.

En el segundo párrafo se atribuye a legisladores entrevistados la idea de que la reforma en curso de discusión «no servirá para resolver el problema del creciente número de menores involucrados en actividades del crimen organizado». Al respecto, lo único que podría impedir la incorporación de niños y adolescentes a organizaciones criminales son políticas sociales integrales de prevención, educación, empleo, equidad y justicia. El sistema de justicia y las leyes penales permiten al Estado ?tal es su finalidad primordial? proveer justicia poniendo a salvo los derechos de las víctimas y castigando en un marco de legalidad a los transgresores.

La información del diario Reforma añade que «A diferencia de la legislación vigente, los acusados deberán cumplir con la totalidad de su sentencia, ya que no serán puestos en libertad sólo por cumplir la mayoría de edad». Sobre esto hay que decir que 1) a nivel federal no existe «legislación vigente», sino que es la que está ahora procesándose en el Senado, y 2) hay estados como Morelos donde la Ley de Justicia para Adolescentes ya establece que, si es el caso, la pena privativa de la libertad debe ser aplicada en su totalidad al adolescente condenado, aun cuando alcance la mayoría de edad ?permaneciendo en el mismo centro de reclusión y no en uno para adultos.

Se atribuye al senador Tomás Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, la afirmación de que «el sistema vigente es sólo de carácter tutelar», cuando, como se ha dicho, el sistema tutelar desapareció formalmente tras la reforma de 2005 al Artículo 18 constitucional que dio nacimiento al sistema de justicia para adolescentes.

A lo largo del texto queda implícito el tema de los valores ?en este caso, criminalizantes de los adolescentes y antirreformistas?, incluido el uso de un mote para referirse al chico acusado en Morelos. Cierta ambigüedad impide discernir entre la perspectiva de las fuentes citadas y la de quien confeccionó la nota, pero deja entrever el riesgo manifiesto de que casos como éste sean usados a favor de tendencias contrarias a la reforma del sistema de justicia penal que permitirá a nuestro país, salvo que se frustre, transitar del obsoleto modelo inquisitorio al acusatorio, que si funciona adecuadamente puede proveer un sistema penal más justo.

[Dic. 9, 2010]

Acopio para la Comunidad de Santa María Tlahuitoltepec

Solicitamos el apoyo de todos nuestros radio escuchas y amigos solidarios tras la alud que ocurrio en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, donde una de las radios comunitarias indígenas más interesantes y contestatarias del país, Jën Pöj, sufrió una severa afectación. Se puede hacer donativos y acopio en:

AMARC México: Vista hermosa 89 col Portales, el horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

La Voladora Radio (San Francisco # 70, barrio de Panohaya) se abre como centro de acopio, con un horario de 10 am a 20 horas.

Servicio del Pueblo Mixe A.C., que está ubicado en Primera Privada de Sabinos 113, en la colonia Reforma, y atenderá las 24 horas del día. De noche sólo hay que tocar la puerta, su teléfono es 51 85 157

Se necesitan cobijas, lámparas, comidas que se puedan conservar, pañales, generadores de energía eléctrica, azúcar, frijol, arroz, lonas, impermeables, botiquín de primeros auxilios.

Esperamos que puedas ayudar.

El pragmatismo de Peña Nieto (y sus miedos)

El gobernador del estado de México es el futuro candidato de todos los grupos de poder en México. No es todavía, ni de lejos, el candidato futuro del PRI, por la sencilla razón de que la elección interna todavía está por dirimirse. Pero Peña Nieto se lanzó muy pronto al ruedo (o lo lanzaron) y ya ha hecho su fama pública; es por eso que debemos tomarlo en cuenta. Si por él fuera, no creo que valdría la pena gastar saliva. Pero es el caso que este pequeño espécimen político que parece haber surgido de la nada no representa nada en sí mismo, sino todo lo que se ha fraguado en su derredor y los enormes poderes que parecen haberse conjurado para hacerlo su futuro candidato.

Es un hecho que el mayor monopolio de medios le ha prodigado su más tenaz y obsecuente promoción, aparte de muchos otros que ven en él al candidato más viable, independientemente de lo que sucede o pueda ocurrir en el PRI. Se ha podido ver que esa promoción ha sido tan poderosa que hasta las mismas filas priístas se han venido moviendo en una misma dirección.

El tiempo, empero, tiende siempre a poner las cosas en su lugar. Dentro mismo del PRI se ha podido ver que hay, no nuevas, sino viejas aspiraciones que aún no se habían manifestado. Antes no podía hacerse a menos de mencionar a Beltrones, pero se le veía en la lejanía. Ahora suena más fuerte y hasta por ahí anda figurando la señora de los huipiles. Por supuesto que en estas lides nada puede decirse de cierto.

Vale pues la pena ocuparse de Peña. Su enseña principal es que en política se debe actuar con pragmatismo. Su idea de ese concepto es muy primitiva y vaga. Significa volver al pasado priísta que nos gobernó con tanto éxito durante setenta años. Pragmatismo significa, en el ideario de Peña, fortalecer al presidente de la República en su gobierno y restaurar, por ejemplo, las reglas no escritas que en el pasado priísta le permitieron regir al país con mano firme y sin atender a veleidades legislativas que le ponían cuanto freno pueden imaginar los partidos representados en el Congreso. Hizo su tesis en una Universidad patito sobre el presidencialismo y se centró en Álvaro Obregón, según él, un “enérgico jefe del Ejecutivo”. La figura es emblemática a más no poder, pero el fundamento de sus ideas autoritarias está en el discurso de Carranza al presentar en el Constituyente de Querétaro su proyecto de Constitución.

La idea que Peña Nieto tiene de Obregón es de verdad miserable. Él ve sólo a un individuo que ejerce el poder como si se tratara de un titiritero al que sus muñecos no ofrecen mayor resistencia. Yo he escrito sobre Obregón y he puesto de manifiesto la grandeza política del sonorense, que no sólo era un árbitro conciliador formidable, sino, además, un muy buen observador de las reglas escritas y no escritas de la política. En su época, las normas no escritas eran las más numerosas y las que al final prevalecían. Lo que Peña destaca de su actuación es su arbitrariedad, que fue excesiva, no su sabiduría política. El ideal del gobernador mexiquense es un gobernante que actúe sin trabas legislativas, como se imagina, sin ninguna razón, que fue Obregón. Éste era un político que sabía poner a todos de acuerdo antes de que la norma se aplicara y ello evitó en grandísima medida la violencia que entonces era atroz.

El remedio que idea Peña, asesorado por consejeros como Chuayffet Chemor, un auténtico analfabeto político, es disminuir al máximo las facultades controladoras del Legislativo sobre el Ejecutivo. Es una treta antiquísima entre nosotros. Así justificaban los defensores de la dictadura porfirista el poder arbitrario del dictador. La culpa de todas las ineptitudes del presidente es de los legisladores que buscan someter sus actos al derecho. Es que no le dejan hacer nada, clama Peña Nieto. Es el modo más barato de justificar la incapacidad de los presidentes para gobernar. Él cree que si se cuenta con leyes que le permitan a uno hacer lo que considera necesario, entonces se puede hacer un buen gobierno. En consecuencia, si no se cuenta con esas leyes soñadas, la culpa es del Legislativo. Por lo tanto, habrá que maniatar lo más que se pueda al Congreso, que parece tender por naturaleza al más completo desmadre.

Peña se pronuncia en contra del tope del ocho por ciento para la sobrerrepresentación del partido mayoritario. Con un cuarenta por ciento, postula, debería obtener una mayoría absoluta. No puede pedírsele que se apiade de los criterios modernos de la representación de los votos y de la representatividad democrática de los partidos. Es un chico que no entiende nada de las complejidades de la organización del Estado democrático y que sólo mira a lo que él entiende como el pragmatismo en el arte de gobernar, del que tampoco entiende mayor cosa. Para él, pragmatismo quiere decir no atarse a “paradigmas”. Evidentemente, quiere decir, hacer a menos de cualquier regla que impida hacer lo que desde el gobierno se juzga necesario. Eso es de la época de las cavernas. Hoy, gobernar quiere decir consensuar, poner de acuerdo a todos para realizar cualquier acción de gobierno.

A cualquiera de esos merolicos que nos administra la televisión le debe parecer que ese es un modo muy enérgico y eficaz para gobernar a este burdel en que se ha convertido el país. Es la apuesta natural de los medios de comunicación y, junto con ellos, de todos los grupos de poder que nos gobiernan. En la realidad, no es más que una pobrísima propuesta de gobierno hecha por descerebrados ambiciosos e ignorantes que no saben gobernar más que por la fuerza. Llena de miedos y temores que son perfectamente entendibles. Tienen miedo de cualquier clase de control por parte de los representantes del pueblo; tienen miedo de que se les pueda juzgar por sus malos actos mediante la aplicación de la ley; tienen miedo de los partidos de oposición si les hacen montón y los amenazan con una coalición que les gane la mayoría en las urnas.

Fue por eso que Peña Nieto promovió las recientes reformas en materia electoral en su estado. Niega el derecho de los “partidos políticos a presentar candidaturas comunes y los quiere obligar a formar alianzas que son gravosísimas y tremendamente inconvenientes. Una alianza en la legislación electoral del estado de México equivale, prácticamente, a renunciar a las prerrogativas y derechos que cada partido tiene por ley. Las candidaturas comunes permitían conservar la propia identidad y todos los derechos de un partido político. Ahora eso se acaba y en una eventual alianza habrá que perder todos los derechos que como partido se tienen.

El protagonismo del gobernador mexiquense tiene pies de barro y juega apuestas sin respaldo que no tienen ninguna seriedad. Televisa lo hizo su candidato anticipado y le ha dado todos los espacios (sería bueno saber, muy a ciencia cierta, cuánto representa ya el costo de sus promocionales y, sobre todo, quién los está pagando). Eso es signo, para todos, de que Peña Nieto es el prospecto presidencial de la oligarquía mexicana y a eso deberemos atenernos.

¿Narcoterrorismo?

Los hechos. El 15 de julio se produjo un atentado con explosivos en la intersección de la avenida 16 de Septiembre y Bolivia, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saldo: cuatro muertos. Una semana después, los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), auxiliados por expertos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), no habían podido determinar si se usó un coche bomba cargado con material plástico C-4 o Tovex (gel líquido de uso minero); granadas o un dispositivo explosivo improvisado, como sugirió la consultora estadunidense Stratfor. Sendos narcomensajes, que con fines de decepción (engaño) o propaganda negra pudieron ser colocados por cualquiera de las partes involucradas en la “guerra” de Calderón contra los malos, fueron validados por las autoridades para identificar a los autores del hecho criminal: La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, que dirige Vicente Carrillo Fuentes.

El uso mediático. Pocas horas después, en una videograbació n difundida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el presunto sicario Jesús Acosta Guerrero, El 35, reveló una supuesta estrategia de medios de La Línea, a través de narcopintas, para infundir temor a la población. Y cuando todavía los expertos de la PGR, la FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos no llegaban al lugar de los hechos a tomar muestras de la sustancia utilizada, en los espacios noticiosos los especialistas ya habían concluido: carro bomba + narcoadvertencias = narcoterrorismo.

Durante varios días se pontificó sobre narcoterrorismo. Ciudad Juárez era peor que Kabul o Bagdad. El narco mexicano igual al talibán. El bombardeo mediático tuvo una inmediata consecuencia “lógica”: el Ejército volvió a las calles con brigadas de rastreo y peinado de viviendas, perros amaestrados y helicópteros. Más allá de las disquisiciones semánticas y sin menospreciar la capacidad en el manejo de explosivos de los cárteles mexicanos, nadie aventuró la posibilidad de un autoatentado para provocar el efecto deseado.

Pero, ¿quién fijó la agenda? ¿La SSP? ¿El comandante de la quinta Zona Militar, general Emilio Zárate, quien filtró información sobre el hallazgo de residuos de “10 kilos” de C-4 en el lugar? ¿El centro de inteligencia binacional controlado por especialistas en guerra sicológica y operaciones clandestinas del Pentágono y la CIA, que funciona en el Distrito Federal y reporta directamente al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, experto en Estados fallidos? Se pasó por alto, también, que desde que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, en marzo de 2008, Ciudad Juárez es la urbe más militarizada y paramilitarizada del país, y principal laboratorio de la guerra urbana en México. Y que como ha sido admitido por autoridades del Pentágono y el Departamento de Estado, 20 grupos de tarea integrados por fuerzas especiales estadunidenses, vienen actuando en Juárez y otras ciudades como parte de la “interoperatividad militar” entre los dos países, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Serpientes y escaleras. Diecinueve días antes del atentado en Ciudad Juárez, un diario capitalino había señalado que instructores del Comando Norte venían entrenando a militares mexicanos en contrainsurgencia, con tácticas utilizadas en Afganistán e Irak. La información fue ratificada por el subsecretario del Pentágono, William Weschler, durante una audiencia en Washington, el 21 de julio: tropas mexicanas aprenden tácticas contra narcoterrorismo. Según un reporte del Comando Norte, “el enemigo en México vive entre los civiles”. La tácita equiparación de los cárteles de las drogas con la insurgencia iraquí y afgana, implica, como respuesta militar, la guerra irregular o asimétrica, con todo y sus daños colaterales, acciones genocidas incluidas. Ergo, más de lo mismo pero peor. Con un agregado: en la fase de “afganización” de México y según la nueva jerga del Pentágono recuperada por el experto Edgardo Buscaglia, se debe sustituir la denominación cárteles del narcotráfico por “mafia insurgencia”; una fórmula sencilla para justificar la contrainsurgencia en un asunto de seguridad pública.

Por pura casualidad, también, en momentos que el gobierno de Barack Obama anunciaba el envío de mil 200 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, junto con aeronaves de vigilancia a control remoto (drones), otro experto aventuró que ante la “militarizació n” de los sicarios mexicanos –devenidos en “fuerzas especiales del crimen organizado” (sic)– y el empleo de “tácticas terroristas” similares a las usadas en Irak y Afganistán, no sería “extraño” que el Ejército y la Armada comiencen a utilizar aviones de manera intensiva en Ciudad Juárez. Que el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense, Alan Bersin, admitiera que se está negociando el empleo de drones del lado mexicano de la frontera, es un dato anecdótico. Igual que la noticia de que la Armada de México está fabricando vehículos aéreos no tripulados (VANT), en Veracruz.

Narcoestrategia. Desde el gobierno de Ronald Reagan el narcotráfico es un instrumento de Washington para rencauzar el sistema de control social en América Latina. Gregorio Selser la llamó narcopolítica. En 1983, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, acuñó la expresión narcoguerrilla, asimilada a las FARC y el ELN. Otro halcón, Elliot Abrams, matrizó narcoterroristas en 1986. Vía el Plan Colombia (2000), a Washington le llevó 10 años convertir al Ejército colombiano en una fuerza cipaya y disponer de siete bases militares en el país. La reproducción intensiva del modelo de reingeniería militar lleva tres años en México; los de Calderón. Ah, por cierto, la quinta Zona Militar informó el viernes 23 que decomisó 26 kilos de explosivo Tovex en el simbólico municipio de Madera. ¡Vaya casualidad! ¿Qué sigue? ¿Narcoguerrilla?

Carlos Fazio

Preso político del GDF

Víctor Herrera Govea tiene 21 años. Es estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, anarquista, miembro de la otra campaña y, desde hace casi 10 meses, preso político del Gobierno del Distrito Federal.

Víctor no cometió mayor delito que ser joven, rebelde y libertario. No es, ni ha sido, indiferente a la injustica y la desigualdad en México, pero lejos estaba de imaginar que le tocaría sufrir en carne propia la manipulación del sistema judicial capitalino. El 2 de octubre de 2009 participó en la marcha con que se recuerda la masacre de estudiantes en Tlateloco. Ahí, Víctor fue golpeado e ilegalmente detenido por la policía de la ciudad de México, acusado de daños en propiedad ajena y robo en pandilla a un Oxxo.

Un sistema que da la espalda a los jóvenes y criminaliza la protesta es el que mantiene al joven estudiante tras las rejas. Víctor, además de estudiar filosofía, participaba en proyectos de tecnologías apropiadas, como la fabricación de estufas de arcilla para ahorrar combustible y la construcción de baños secos que evitan la contaminación del agua. Además es luchador y activista, y por eso estaba el pasado 2 de octubre en el Zócalo, como uno más que no olvida la matanza.

El 2 de octubre pasado la manifestación estudiantil fue agredida primero por provocadores que saquearon un Oxxo. Posteriormente, cuando Víctor regresaba a su casa, al ingresar al Metro Bellas Artes, ocho judiciales lo golpearon y detuvieron. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Sur.

Los testimonios de los judiciales que lo golpearon fueron suficientes para encarcelarlo. El proceso, plagado de anomalías, no ha tomado en cuenta los videos en que se demuestra que Víctor no estaba en el lugar.

Además, el juicio ha tardado debido a la manipulación judicial. Los policías que fungen como parte acusadora no se han presentado a declarar y dentro de las instituciones de”justicia” las excusas por el tiempo excesivo son: que el personal está de vacaciones o que hay mucho trabajo.

Actualmente se espera el cierre de instrucción del periodo de pruebas de la parte acusadora. Posteriormente vendrá la presentación de pruebas de la defensa y, finalmente, de las conclusiones de la juez y la sentencia. Por lo pronto, Víctor Govea sigue luchando en la cárcel.

Atenco, los movimientos sociales y la justicia

Por fin. Después de que los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra permanecieran cuatro años, un mes y veintiséis días injustamente privados de su libertad, tres de ellos en una cárcel de máxima seguridad, de esas diseñadas para que peligrosos delincuentes purguen sus penas, en una celda de dos por tres metros, donde tenían que pasar veintitrés horas del día en la más completa soledad, con derecho a una en el patio de la prisión, que podía ser suspendida por cualquier motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que su reclusión era ilegal y ordenó su libertad inmediata.

En el debate prevalecieron las razones de la mayoría de los cinco ministros de la primera sala del máximo tribunal de la República, frente a la de su presidente que, contra toda evidencia, sostuvo que los quejosos eran responsables de los delitos que se les imputaban, y a la de otro de sus integrantes, quien proponía reclasificar el delito por el que se les condenó y devolver el expediente al tribunal responsable del proceso para que emitiera otra sentencia.
La resolución es un triunfo evidente de los movimientos sociales, que frente al uso de los aparatos de procuración e impartición de justicia, lo mismo federales que de los estados de la República, han tenido que incluir dentro de sus demandas la libertad de sus compañeros detenidos y el cese a la represión de los que cargan con órdenes de aprehensión en su contra por su participación en la protesta social y la defensa de los derechos ciudadanos y de los pueblos. En lo inmediato, la victoria se refleja en la libertad de los detenidos. Pero tiene otros efectos, que se desprenden de los argumentos vertidos por los propios ministros durante el debate, entre ellos: que la Procuraduría de Justicia del estado de México acusó a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el juez que conoció del caso dictó sentencia con base en premisas falsas y endebles, y que aun así tales pruebas eran insuficientes e ilícitas para condenarlos. En otras palabras, los ministros dieron la razón a todos los ciudadanos de México y del mundo que denunciaron que la condena de los luchadores sociales obedecía a motivos políticos.

Pero si alguna duda quedara de que esa y no otra era la naturaleza del proceso y la sentencia recurrida, el ministro Juan N. Silva Meza lo expresó claramente durante su intervención, afirmando que las sentencias por las que los procesados solicitaban el amparo mostraban de forma maquillada una actitud institucional de criminalización de la protesta social, cuyo fin era castigar a la oposición. Para ilustrar su afirmación, dijo que la acusación contra ellos se basó en la circunstancia de que se encontraban en el lugar de los hechos, donde fueron detenidos, pero sin probar que ellos los hubieran cometido; y como no pudieron hacerlo, prefirieron responsabilizarlos enfatizando su participación en una organización social, “partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delitos por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas”.

La aseveración tiene importancia porque el caso de San Salvador Atenco no es excepción en el país, sino la regla con que desde el Estado se mide la conducta de los movimientos sociales. Si no fuera porque el razonamiento del ministro derivaba de un caso concreto, se podría afirmar que no se estaba juzgando la conducta de las autoridades mexiquenses, sino las del país entero, todo el sistema de justicia mexicano. Por eso hay que celebrar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que se aparta sustancialmente de otras anteriores, pero no olvidar que miles de casos de esa naturaleza esperan sentencia, no en la primera sala del máximo tribunal del país, sino en los juzgados del fuero común y federal, y es ahí donde hay que dar la batalla.

Entre los inmediatos: exigir castigo a los responsables de las violaciones contra 27 compañeras durante su detención aquel ominoso 4 de mayo de 2006, justicia para los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, los trabajadores de Cananea, los triquis de San Juan Copala, los comuneros de Santa María Ostula y la libertad de Raúl Hernández Abundio, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), preso en Ayutla de los Libres, por citar algunos. También habrá que volver la vista a los congresos de los estados y al federal para exigir que se derogue el tipo penal de secuestro equiparado, cuya única razón de ser es la criminalización de la protesta social.

Francisco López Bárcenas

El castigo a San Juan Copala

La reorganización de los grupos paramilitares en la región triqui inició luego del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La construcción del municipio autónomo fue vista por los caciques locales y por sectores del propio gobierno estatal como una declaración de guerra. La reprimenda se dirige contra los triquis que creyeron que podrían ser “autónomos”

Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Rufino Juárez Hernández, presidente de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), se pasea por las calles de esta cabecera municipal sin ser molestado. Por el contrario, él decide cuándo hablar con los comandantes venidos desde Huajuapan de León para encargarse del traslado de los cuerpos y de los automóviles baleados y saqueados, que dejó como saldo la emboscada del 27 de abril pasado en las inmediaciones de la comunidad La Sabana, una de las pocas que aún controla su organización, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pareciera que para los comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Lázaro Hernández Rendón y Rodrigo Peralta Mejía, se tratara de un par o un superior suyo. Ningún policía investigador ni comandante o agente del Ministerio Público le cuestiona a Rufino Juárez su participación en la emboscada contra la caravana de paz, a pesar de que las víctimas lo señalan como el autor intelectual de los crímenes y públicamente se asume como el líder de la Ubisort, la organización que ha puesto en estado de sitio a la comunidad política y ceremonial más importante de la cultura triqui: San Juan Copala.

Tampoco lo increpan los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ni los elementos de la sección segunda del Ejército Mexicano que se han desplegado en la zona. Algunos fingen no verlo; otros, lo miran pasar sin que se le cuestione nada. Todo, a pesar de que Rufino va armado y cuatro de sus guardaespaldas apenas si se molestan en disimular sus armas largas debajo de sus chamarras de cuero que les cuelgan hasta las rodillas.

Las secuelas de la “autonomía”

Nadie recuerda una balacera en esta cabecera municipal. Los complejos acuerdos de los bandos en pugna en la región triqui alcanzan para mantener la paz en esta pequeña ciudad de menos de 10 mil habitantes, a menos de 100 kilómetros del corazón de las disputas, el propio San Juan Copala, declarado por sus pobladores municipio autónomo en enero de 2007.

La construcción de la autonomía triqui desató dos procesos de manera simultánea: por un lado, una cohesión de la etnia como no se veía en décadas. En 2007, y por primera vez en más de 30 años, la fiesta triqui más importante, conocida como “tercer viernes” o carnaval, fue realizada en San Juan Copala por integrantes de todas las organizaciones que han estado enfrentadas: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independient e (MULTI), Ubisort y los incorporados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El otro proceso que se desató fue el rearme de los líderes que se sintieron desplazados por las nuevas autoridades autónomas.

—El principal beneficiario de que los triquis estén enfrentados entre ellos es el Estado mexicano. Pero también, y particularmente, salen beneficiados los cacicazgos políticos y económicos de la región. Se trata de las familias poderosas de las ciudades de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco –explica el abogado e investigador del posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Francisco López Bárcenas.

Para el autor de San Juan Copala: dominación política y resistencia popular, la violencia que vive el pueblo triqui ha sido impuesta y atizada desde fuera.

—De los triquis se han codiciado sus tierras y sus cosechas: café, plátano manila, maíz; y han padecido un desprecio y un racismo muy fuerte. Además, en la región se padece una impunidad muy grande: cualquiera sabe que se puede matar sin que pase algo. Y ellos también han generado una resistencia y un orgullo fuertes.

El investigador de posgrado explica que los caciques de las ciudades aledañas dicen que los triquis son violentos y asesinos, “pero no dicen que ellos les venden las armas”; dicen que son flojos, “pero porque no trabajan para ellos”; y dicen que son ignorantes, pero no “que los caciques siempre se opusieron a la entrada de maestros a las comunidades triquis”.

La creación del municipio autónomo desgajó a las organizaciones MULT y Ubisort. Al tratarse de una etnia que se agrupa en clanes, decenas de familias, barrios y comunidades enteras abandonaron las organizaciones en que habían militado por décadas y se sumaron al municipio autónomo. La organización que impulsó decididamente la autonomía fue el MULTI. A decir de López Bárcenas, la inspiración y el discurso de los autónomos triquis ha sido el zapatismo; pero “el ejemplo y la experiencia práctica” fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Las organizaciones triquis

La Ubisort casi desapareció. Se quedó con dos comunidades pequeñas: La Sabana, lugar del ataque a la caravana de paz, a escasos 10 kilómetros de San Juan Copala, y Unión Los Ángeles. También mantiene algunos simpatizantes en Tilapa. Se estima que, en total, sus miembros no son más de 300. La Ubisort se apoya ahora casi exclusivamente en sus armas. Para nadie es un secreto que las tres organizaciones principales están armadas con fusiles de asalto AK-47. La diferencia sería que la Ubisort posee entrenamiento, mayor número de unidades y la supuesta complacencia de los caciques locales y del propio gobierno estatal de Ulises Ruiz. La organización fue creada en octubre de 1994 para contener la influencia de los alzados zapatistas en Chiapas.

Luego de una desbandada que logró frenar con asambleas, concesiones, amenazas y enfrentamientos, el MULT se conservó como la organización más grande del pueblo triqui. Integra alrededor de 22 comunidades y cuenta con aproximadamente 7 mil miembros.

La organización que impulsó la autonomía triqui, luego de haberse integrado a la APPO en 2006, fue el MULTI. Está integrado por 10 comunidades, entre ellas San Juan Copala. Cuenta aproximadamente con 3 mil 500 integrantes.

Finalmente, se encuentran aquellos incorporados al PRI, pero no por la vía de la Ubisort, sino de la CNC. Básicamente se trata de una comunidad, El Carrizal, y de integrantes minoritarios de otras comunidades. No rebasan las 500 personas.

El cerco paramilitar

En la zona, todo triqui pertenece a alguna organización. La filiación se realiza por clanes. Aunque está presente el discurso ideológico, todo se subordina a los lazos familiares. Si un abuelo decide ingresar a una organización, lo hace junto con las familias de sus hijos.

En México habitan 30 mil triquis. Sólo alrededor de 15 mil de ellos se encuentran en su región. Por la violencia y la pobreza, la otra mitad ha trasladado su residencia a la ciudad de México y a Hermosillo, Sonora, entre otros estados del país; algunos más han emigrado a Estados Unidos.

El cerco paramilitar sobre San Juan Copala fue instalado el 28 de noviembre de 2009. Desde entonces, no hay mercado ni las mercancías pueden conseguirse fácilmente. El grupo de la Ubisort también cortó la línea del teléfono y los cables de la luz eléctrica. Las escuelas se encuentran cerradas. La propia Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal, cerró sus oficinas en el poblado. Las únicas que no abandonaron la comunidad fueron las monjas de la diócesis de Copala, que mantienen un internado educativo para los niños del lugar.

—Allá está muy difícil. La gente no puede salir del pueblo porque le disparan. Luego no hay ni para comer –explica Víctor Castillo, integrante del MULTI y simpatizante del municipio autónomo.

—Y cómo se mantiene la comunidad.

—Los compas ya han encontrado sus formas…

La caja de resonancia

Las noticias de las emboscadas, los enfrentamientos, las ejecuciones, las venganzas difícilmente llegan a las planas de los periódicos locales o nacionales. Menos aún encuentran espacio en los medios de comunicación electrónicos. Pero triquis, nu’saavi y mestizos de Juxtlahuaca siempre están enterados de lo que sucede montes arriba.

La plaza principal, el mercado, los sitios de taxi son grandes orejas y bocas donde incluso las organizaciones antagónicas pueden intercambiar mensajes. Y, a manera de los cárteles traficantes de drogas, cuentan con halcones que les informan de quienes llegan y salen de esta cabecera municipal. Rufino Juárez cuenta con una organización de puesteros del mercado, dos sitios de taxis y vigilantes apostados en la plaza del palacio municipal y en negocios de las afueras de la ciudad. Cuando una persona o un grupo de personas sale con rumbo a San Juan Copala, el líder de la Ubisort ya lo sabe.

Zósimo Camacho | Contralínea

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