AMARC México denuncia incremento de política represiva de cierres de emisoras

México, 22 de marzo de 2011

El gobierno mexicano ha decidido continuar con su política de cierres de radios y el levantamiento de demandas penales contra quienes usan una frecuencia radioeléctrica sin autorización, en lugar de crear una legislación y políticas públicas que generen condiciones para la existencia legal de las emisoras, tal como se lo han recomendado diversos organismos internacionales de derechos humanos.

Según información surgida de diversas radios, en las recientes dos semanas se han dado cierres en los estados de Puebla y Veracruz, a donde han llegado peritos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), acompañados de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva, además de algunas personas identificadas como integrantes de emisoras comerciales locales.

En Xaltepec, Puebla (al oriente del país), alrededor de treinta elementos en 6 camionetas y una tanqueta se apostaron a las entradas del pueblo “para evitar que la población les impidiera el cierre de la radio”, según expresaron a algunas personas. Posteriormente se dirigieron a Radio Xalli y sin presentar orden o escrito alguno, exigieron al director de la emisora les presentara el título de permiso. Esta emisora campesina obtuvo su permiso de operación en febrero de 2010, por lo que la acción de las autoridades fue abusiva e intimidatoria, pues la Cofetel cuenta con toda la información de las emisoras permisionadas.

En otro de los operativos, los funcionarios de la Cofetel se presentaron nuevamente en las instalaciones de lo que era  Radio Diversidad, en Paso del Macho, Veracruz, aún cuando desde el año pasado ya la habían cerrado con lujo de violencia, como consecuencia de este cierre dos de los integrantes de este proyecto libran actualmente procesos penales por la aplicación del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales que determina penas de cárcel a quién opere un Bien de la Nación sin concesión o permiso. Esta política de criminalización de la radiodifusión no autorizada ha sido calificada como desproporcional por las relatorías de Libertad de Expresión, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Organización de las Naciones Unidas, pues el uso del espectro radioeléctrico sin autorización es únicamente una falta administrativa no un delito.

Con estas acciones, las autoridades continúan su política de criminalizar el legítimo derecho de las comunidades y la ciudadanía a la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria. De esta manera,  pretenden ignorar que existen exigencias de la sociedad a tener otras expresiones a través de los medios.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, hace un llamado a las autoridades para que detengan la criminalización de las radios comunitarias y busque soluciones a la exigencia de la sociedad para diversificar las voces en los medios de comunicación en nuestro país.

Pronunciamiento de la Red TDTT sobre la Reforma Laboral

Boletín 03/2011

·         Organizaciones de derechos humanos reprobamos la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

·         Después de la fallida intentona del PRI para que se aprobara la reforma a la Ley Federal del Trabajo a través de una serie de violaciones a los procedimientos legislativos, se exhorta al Congreso de la Unión a rechazar dicha propuesta por atentar directamente contra los derechos humanos laborales de las y los trabajadores de la República Mexicana

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”, reunidas durante la XLI Asamblea Nacional, condenamos la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada el día 10 de marzo del presente año por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Red TDTT consideramos que la iniciativa representa  un atentado directo al carácter tutelar de la ley, donde los derechos de las y los trabajadores son vulnerados y extinguidos. La razón principal de dicha iniciativa es privilegiar “la productividad”, como la única posibilidad de generar empleos y atraer la inversión privada. Y la consecuencia principal de una contrarreforma como la que presenta el PRI-PAN será más trabajo precario, indecente e indigno.

La tendencia para reformar las disposiciones en materia de trabajo es relativizar la obligatoriedad de los contratos colectivos de trabajo, pagar el salario por hora, por obra y por productividad, disponer de la jornada de trabajo según las necesidades del mercado, reducir las prestaciones económicas y en especie así como terminar con la prima de antigüedad e intentar inhibir lo más posible el derecho a huelga, entre otras.

La iniciativa atenta directamente contra los siguientes principios de derechos humanos laborales consagrados en la legislación nacional e internacional:

·         Empleo Estable: Al eliminar del texto la garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo, la Iniciativa abre la puerta para que el trabajador y trabajadora sean contratados y despedidos a voluntad del empleador eliminando la posibilidad de acceder a algún tipo de indemnización. De igual forma al legalizar los contratos temporales-  introduciendo los conceptos de prueba, capacitación inicial y labores discontinuas que rompen con el principio de ascenso con base en la antigüedad-, así como legalizar el contratismo de terceristas (por medio del outsourcing), permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, se estaría vulnerando el derecho a la estabilidad en el empleo.

·         Salario Suficiente: La iniciativa propone establecer un salario proporcional por el tiempo laborado por lo que un trabajador o trabajadora a la que se contrate por horas no podrá obtener una remuneración equitativa que garantice al trabajador y trabajadora y a su familia la satisfacción de sus necesidades básicas.

·         Condiciones satisfactorias de trabajo: La propuesta rompe con los principios de contar con un horario de trabajo y descanso suficiente para recuperar la energía perdida, ya que introduce la posibilidad de ajustar las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades de la producción.

·         Derechos Colectivos: Estos derechos comprenden el derecho de libertad sindical, contratación colectiva y derecho a huelga. La propuesta del PRI hace caso omiso a las críticas planteadas por organizaciones sociales y sindicatos democráticos en cuento a la existencia de contratos colectivos de trabajo de protección patronal y al control sindical corporativo. Además, al legalizar la subcontratación así como las agencias de contratación de personal se obstaculiza la posibilidad de que todos y todas las trabajadoras de un centro laboral puedan estar resguardados por un contrato colectivo único.

·         No discriminación: Uno de los principios rectores de los derechos humanos es la no discriminación, con esta iniciativa se rompe con el principio de salario igual a trabajo igual, dado que diferentes compañías a través de la subcontratación pueden pagar a sus empleados de forma diferenciada.

·         Igualdad de género: Esta iniciativa de nueva cuenta ubica los derechos de las mujeres trabajadoras en el ejercicio de la maternidad. Si bien se observa la necesidad de incorporar la figura del hostigamiento sexual como parte de las prohibiciones establecidas para los patrones, no se desarrolla un mecanismo eficaz para sancionar dicha acción, dejándolo en un sentido meramente enunciativo.

·         Justicia laboral: Retrocede el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia al ampliar las etapas del proceso laboral, con la intención de dilatar los juicios laborales.

Es importante recordarle al Estado Mexicano, que es él, el principal obligado a respetar, proteger, garantizar y promover la vigencia de los derechos humanos laborales dentro de nuestro territorio. La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, es una propuesta regresiva en materia de Derechos Humanos Laborales y significa una violación a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y/o ratificados por el Gobierno Mexicano.

Por lo que, de aprobarse en los términos en los que está propuesta, veremos en un futuro inmediato la presentación de nuevas denuncias ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Finalmente, exhortamos al Congreso de la Unión que de  aprobar una Reforma Laboral, esta cumpla con las obligaciones que en materia de Derechos Humanos el Estado Mexicano ha adquirido con la firma y ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Organización de los Estados Americanos, los cuales establecen claramente los estándares mínimos de protección en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a homologar en cualquier reforma de la legislación nacional.

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS

conformada por 70 organizaciones en 23 estados de la República

Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.);  Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián  Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”,A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.  Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C.  (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos  Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, (Guadalajara, Jal.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Illacuria, Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla,Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)

Pronunciamiento del encuentro “Con la Memoria los Pueblos Construimos Justicia y Verdad”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 17 de marzo de 2011

PRONUNCIAMIENTO

Las personas, comunidades y organizaciones que participamos en el encuentro Con la Memoria los Pueblos Construimos Justicia y Verdad” compartimos durante dos días de trabajo experiencias de resistencia y lucha que nos hacen manifestar que:

Los proyectos oficiales de desarrollo no tienen que ver con nuestras necesidades, lo único que hemos visto es que vienen a contaminar y llenar de tiendas comerciales gigantes que buscan tomar nuestras aguas, nuestras tierras, acabar nuestras montañas para buscar oro y plata, sin respetar la tierra que nuestros abuelos nos dejaron a fuerza de la revolución y la independencia. Quieren que nosotros negociemos nuestros sueños.

En la actualidad con el sueño de una vida mejor, de más riquezas o más poder, nos quieren desplazar, dividir y enfrentar entre hermanas y hermanos. La forma del gobierno siempre es la misma, primero hay represión y después ofrecen dialogo para acabar con el problema, pero ejercer la autonomía y libre determinación de los pueblos no se negocia.

Frente a la impunidad construimos nuevas formas de justicia

Al compartir nuestras experiencias concluimos que necesitamos una estructura organizativa desde los mismos pueblos que conocen cuáles son sus derechos, y son estos los que valen. Los partidos políticos capitalistas, nos dividen, condicionan y están por sus propios intereses. Por eso nos organizamos y peleamos para construir alternativas al sistema neoliberal, porque todos y todas tenemos problemas similares y sabemos cómo resolver nuestros asuntos.

El sistema de justicia, es intimidatorio y corrupto para que uno no proceda más allá y muchas veces hace que como individuos no podamos seguir adelante porque pone en riesgo la vida y nos condicionan nuestros derechos; la impartición de justicia oficial obedece a intereses económicos y políticos del poder en turno.

Defensoras y defensores y libertad de expresión

Somos defensoras y defensores de derechos todas las personas que desde nuestras comunidades, colectivos, organizaciones o sociedad civil organizada denunciamos los abusos del poder y luchamos por la defensa y ejercicio de nuestros derechos humanos.

Conscientes de que la lucha por los derechos humanos nos lleva a cambiar de raíz las cosas, manifestamos que el neoliberalismo busca destruir todo: las raíces de nuestros pueblos, nuestra historia, nuestra madre tierra, perder nuestra identidad, despojar nuestros lugares sagrados, esto es lo que sucede hoy en el país y en el mundo.

La desinformación, la manipulación y la división, desde los gobiernos, son retos que tenemos enfrente para combatirlos. Los derechos humanos solo se hacen respetar en la lucha, aunque estén en leyes, tratados y convenios, si no los ejercemos nadie los va a respetar.

Vemos que los proyectos asistenciales son usados como herramientas de la contrainsurgencia, para dividir a los pueblos, para controlar a personas y acallar las voces que exigen sus derechos. Aquí no hay ley, no hay justicia, no hay democracia, No la que los pueblos queremos y exigimos.

La defensa de la Madre Tierra

El despojo del territorio y de nuestros recursos naturales se lo están disputando los ricos, que defienden el sistema económico capitalista. Los empresarios se están disputando nuestras tierras, ríos y manantiales, el aire también lo quieren controlar, su ambición no respeta nuestros derechos como pueblos ancestrales y originarios.

Los proyectos de las mineras, la construcción de carreteras privadas, la construcción de represas, los centros eco turísticos, la plantación de los monocultivos, la construcción de fábricas y la ocupación policiaca y militar son el proyecto del gobierno que busca despojarnos de nuestras tierras, mediante el dinero, engaño, división, alcoholismo, discriminación hacia las mujeres, persecución y encarcelamiento de luchadores sociales, fabricación de delitos, programas de gobierno, el abuso del poder y la ley. Quienes entendemos la herencia de que la madre tierra se cuida, sabemos que la tierra no se vende, se trabaja y se defiende.

Memoria Histórica

Hablar de Memoria Histórica es hablar de todo lo que le da sentido a nuestra acción, es tener presente la historia de nuestro pueblo, entender el por qué, las causas que dieron origen a nuestro presente y nuestro contexto.

Si nosotros heredamos la tierra no tenemos por qué venderla, la memoria histórica no solamente se bebe del pasado sino también se alimenta del presente y mira hacia el futuro. La memoria histórica es algo que a diario lo vivimos, las acciones de resistencia y construcción de autonomía que hoy están presentes en nuestros pueblos son producto de la Memoria.

No se olvida que aún están pendientes de resolver muchas de las demandas de justicia y verdad para quienes hemos vivido la injusticia y la violencia estructural del sistema. Cuando relacionamos la historia con el momento actual, vemos que desde nuestros antepasados se tiene la convicción de que la lucha y la organización mejoran el presente.

Las comunidades de Chiapas y de México que hemos vivido la violencia contrainsurgente, la represión contra la sociedad civil organizada, recordamos muy bien cómo han sufrido nuestras abuelas y abuelos, nuestros padres, nuestras hermanas y hermanos, nuestras hijas, nuestros hijos, todo ello está presente en la Memoria de nuestros pueblos y esa es la guía para los pasos que vamos dando en el camino por la construcción de un mundo justo y digno.

La Memoria nos hace recordar, nos trae al presente a las desaparecidas y desaparecidos, a las personas que han sido asesinadas, a las y los encarcelados, a las y los exiliados, no olvidamos la guerra sucia, el terrorismo de estado y la guerra contrainsurgente, no olvidamos tampoco a los responsables aún en impunidad; sin embargo también están en la Memoria las personas, pueblos y organizaciones que nunca se rindieron y es este recuerdo, esta Memoria, la que se convierte en esperanza para las nuevas generaciones.

Por eso proponemos:

  • Hacer consciencia de nuestros derechos, ejercerlos para transformar nuestras realidades.
  • Mantener la esperanza y nuestras ganas de seguir luchando porque es lo que nos mantiene vivas y vivos.
  • No olvidarnos que somos una misma humanidad, promover el espíritu comunitario y solidario, trabajar en colectivo, estar unidos.
  • Fomentar espacios de Encuentro para compartir experiencias, conocer nuestras luchas y afirmar que la defensa y ejercicio de derechos tienen muchas formas en la construcción de un mundo justo y digno.
  • Reconocer que nuestras fortalezas y esperanzas se encuentra en la unidad de los pueblos organizados conscientes de su experiencia colectiva.
  • Impulsar redes naturales ubicando a nuestros familiares, vecinos y comunidad para construir alternativas de justicia para los pueblos y desde los pueblos.
  • Ante la violencia generalizada que el Estado impone, generar movimientos por la paz y contra la guerra.
  • Ampliar y reconocer la participación de las mujeres, niñas y niños, jóvenes y ancianos en las decisiones de la vida colectiva.
  • Fortalecer la solidaridad y unidad entre las organizaciones, los pueblos y las luchas que estamos construyendo alternativas y autonomía frente al sistema neoliberal.
  • Para cuidar y defender la madre tierra, cultivar de forma orgánica sin agroquímicos, fortalecer la espiritualidad, fortalecer la organización interna de la comunidad, cuidar nuestras semillas criollas.
  • Defender la lengua y la cultura como parte de nuestra identidad.
  • Mantener viva la memoria historia para compartir logros y alegrías para fortalecer nuestros procesos de transformación de la realidad actual.

Finalmente exigimos:

  • Cese al hostigamiento a defensoras y defensores de los Derechos Humanos, garantías para realizar su trabajo.

  • Atención a las demandas de justicia y verdad para las mujeres y hombres que se movilizan en la defensa de sus derechos.
  • Libertad a todas las presas y presos políticos del país.
  • Alto a la guerra y violencia generalizada que mantiene Calderón en todo el país.
  • No a la imposición de proyectos y programas que despojan el Territorio de los Pueblos de México.

  • Justicia y Verdad para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Atentamente:

Las comunidades y organizaciones de Chiapas, México y el Mundo participantes en el encuentro “Con la Memoria los Pueblos Construimos Justicia y Verdad”

Declaración de los organismos civiles ante la posible creación de una ley estatal sobre desplazamiento forzado para el Estado

9 de marzo de 2011

A la opinión pública,
A las agencias de Naciones Unidas que operan en el estado de Chiapas,
Al gobierno de Juan Sabines Guerrero,
A la cámara de diputados del estado de Chiapas,
A los representantes de los grupos de desplazados asentados en el estado.

Las organizaciones civiles firmantes,

• Tomando en cuenta el anuncio de una probable creación de una ley estatal sobre desplazamiento forzado en Chiapas,

• Recordando los lamentables sucesos de desplazamiento forzado ocurridos en el pasado por motivos calificados como de conflictos religiosos, y aquellos ocurridos en el marco del conflicto armado aún no resuelto en Chiapas, y su deficiente atención,

• Reconociendo nuevos eventos de desplazamiento forzado que han ocurrido y que probablemente, sin una eficaz prevención seguirán ocurriendo en el estado por otras causales, desde desastres medioambientales hasta proyectos de desarrollo e inversión tanto públicos como privados, entre otros,

• Considerando los anteriores intentos de ley sobre desplazamiento interno, presentados por diputados federales y rechazados por la Cámara correspondiente en el Congreso de la Unión,

• Retomando como guía los Principios Rectores del Desplazamiento Interno de las Naciones Unidas, conocidos como Principios Deng (E/CN.4/1998/53/Add.2), el informe realizado por el propio Relator Especial de enero de 2003 (E/CN.4/2003/86/Add.3) después de una visita oficial a nuestro país, y los diversos informes realizados por las propias organizaciones civiles sobre el tema,

• Afirmando la importancia del reconocimiento legal del desplazamiento forzado para establecer obligaciones al estado que permitan una eficaz prevención, sanción, atención y reparación frente al fenómeno, y

• Considerando la realización del Foro de Diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas, convocado por diversas agencias de las Naciones Unidas para desarrollarse los próximos 9 y 10 de marzo del presente año, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Manifestamos que cualquier propuesta de ley debe retomar el concepto de desplazado interno contenido en los principios Deng, estar basada en una perspectiva de derechos humanos, tanto individuales como colectivos bajo criterios pro-persona, de acuerdo a la práctica jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacadamente su Corte, y considerar que:

1.- El desplazamiento forzado es un atentado a la dignidad de la persona. Es una violación a los derechos humanos porque despoja a las víctimas no sólo de un sustento material sino de su territorio de existencia para desarrollar libremente sus planes de vida, afectando diferenciadamente a las víctimas por su condición social, cultural, económica, de género y edad.

2.- El desplazamiento forzado cualquiera sea su causa, debe ser eficazmente prevenido estableciendo medidas que obliguen tanto al estado como a particulares, a omitir acciones que lleven al desplazamiento forzado de cualquier persona o grupo de personas.

3.- El desplazamiento forzado por causas atribuibles a la acción humana, debe estar prohibido y severamente sancionado, particularmente cuando la responsabilidad recaiga en un servidor público.

4.- El desplazamiento forzado sólo es justificable por razones humanitarias y para salvaguardar la vida y la integridad física y psicológica de las personas como en el caso de los inminentes desastres naturales. En tal condición, el desplazamiento deberá ser previamente informado a los afectados, fundado razonablemente y publicitado.

5.- El desplazamiento para no ser arbitrario y por tanto forzado, deberá estar fundado en un bien público mayor y contar con el consentimiento libe e informado de los afectados para lo cual se deberán establecer consultas públicas a los potencialmente afectados, vinculantes, en los idiomas locales y ser de buen fe. El bien público mayor no debe significar un sacrificio de unos para beneficios de terceros y deberá contemplar beneficios materiales e inmateriales directos para los potencialmente desplazados.

6.- Las víctimas de desplazamiento forzado deberán ser inmediatamente atendidas por el estado para salvaguardar su integridad, por ello, la carga de la prueba sobre la no-condición de desplazamiento forzado, independientemente de la causa, deberá recaer en el estado.

7.- Mientras se encuentren en situación de desplazamiento y hasta su retorno o reubicación, las víctimas deberán ser tratadas con respeto y dignidad de acuerdo a su condición cultural, de género y de edad; protegidas del abuso, la discriminación, la explotación sexual y laboral; y deberá garantizárseles el goce de todos sus derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo el acceso pleno a la jurisdicción del estado.

8.- Las víctimas de desplazamiento forzado deberán tener la garantía de regresar al lugar de donde fuesen desplazados conforme a su voluntad, en condiciones de dignidad y seguridad, y sólo cuando ello no sea posible, con la participación y consentimiento de los desplazados, garantizar la reubicación en un lugar que contemple condiciones similares o mejores al lugar del desplazamiento.

9.- La atención a las víctimas de desplazamiento forzado deberá estar orientada a resarcir hasta el máximo posible los daños ocasionados para la reconstrucción de condiciones que les permitan reanudar sus proyectos de vida y hasta el punto de su auto-sostenimiento económico. Esta atención deberá contemplar aspectos físicos, emocionales y materiales, que respondan a los derechos internacionalmente reconocidos y a las condiciones particulares por razones de cultura, género y edad, particularmente tratándose de poblaciones indígenas.

10.- El estado de Chiapas tendrá la obligación de coordinar y crear las instituciones, normas y reglamentos, así como dotar de los recursos que sean necesarios para garantizar una efectiva aplicación de una ley sobre desplazamiento forzado.

11.- La ley deberá reconocer a aquellos grupos de desplazados por eventos pasados, independientemente de la causa de su desplazamiento, que por su propio esfuerzo han podido reconstruir condiciones mínimas para continuar sus proyectos de vida con la poca o nula intervención del estado, y establecer mecanismos de atención, de acuerdo a los estándares descritos en los puntos anteriores y aquellos establecidos en los Principios Deng, a aquellos grupos de desplazados que aún se encuentran en situación de vulnerabilidad o precariedad, de tal modo que puedan librar los obstáculos persistentes generados por su desplazamiento en años anteriores.

Declaramos que en esta propuesta de diálogo que se pretende para el Foro de los días 9 y 10 de marzo próximos, deberá plasmar en su memoria todas las voces en condiciones de equidad, transparencia y horizontalidad, y enfocar sus resolutivos en la construcción de consensos para una ley de desplazamiento forzado que proteja eficazmente de la violación a los derechos humanos ocasionados por el desplazamiento antes, durante y después de que ocurra, de acuerdo a los puntos arriba señalados.

Las organizaciones civiles estaremos atentos y vigilantes de este proceso a fin de que cumpla con los más altos estándares de derechos humanos y de una verdadera práctica democrática.

Atentamente,
Centro de Apoyo al Trabajador – Puebla
Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, AC – Guerrero
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC – Distrito Federal
Centro Nacional de Comunicación Social, AC (CENCOS) – Distrito Federal
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, AC – Oaxaca
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (Coreco) – Chiapas
Comité Cerezo México – Distrito Federal
Edupaz, AC – Chiapas
Enlace, Comunicación y Capacitación, AC – Chiapas
Iniciativa Ciudadana Oaxaca – Oaxaca
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC (Inicia) – Chiapas
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y la Democracia, AC – Distrito Federal
Maderas del Pueblo del Sureste, AC – Chiapas
Otros Mundos, AC – Chiapas

Nuevo presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 28 de enero de 2011

El día de hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con el sentimiento que nos embarga por la pérdida de jTatic Samuel, pero con el entusiasmo de seguir caminando según la enseñanza, el ánimo y espíritu heredados de él, en nuestra reunión de Consejo Directivo, decidimos otorgar la Presidencia de este Centro de Derechos Humanos a Tatic José Raúl Vera López.

El nuevo presidente en conferencia de prensa recordó el trabajo de jTatic Samuel:

“Don Samuel no sólo veía al sujeto como persona en lo individual sino como un sujeto social constructor de paz, constructor de una sociedad que valga la pena, que garantice (…) crecimiento hasta una plenitud humana, bella. Don Samuel ha articulado no solamente su trabajo dentro de la iglesia viva, que construye la historia de los seres humanos tanto los que están en la iglesia como toda la sociedad.”

“… (que) tengamos bases de acuerdo, tengamos principios éticos, de respeto a la vida, al destino de los bienes de la tierra para todos los seres humanos, una sociedad que esté garantizado a todo ser humano el derechos que tiene a una vida plena”

Este Centro, dijo Tatic Raúl, “lo hizo (Don Samuel) primero porque veía todo lo que pasaba allá con los hermanos en las comunidades, pero ahora es un Centro de ellos, no es un centro para ellos, sino de ellos en donde se va creado ese sujeto social, en ese sujeto que verdaderamente habita en un corazón en una mente, en un proyecto que habita lo que verdaderamente debe ser una sociedad mexicana, para que dejemos de tener la barbarie que tenemos en este momento (…) en el pueblo tenemos la garantía del futuro para México, no la tenemos con los que de manera tan cínica destruyen el país, lo tenemos en el pueblo, en Don Samuel. Por éso este Centro es para que se garantizara y garantice la justicia, un camino de paz, Don Samuel un constructor de la paz, porque él trabajó para que se dieran las condiciones de la paz y justicia, para que prevalezca una sociedad en que se respeten los derechos.”

Por eso en esta nueva etapa: “queremos y prevemos, con la fuerza de Don Samuel, desde los pobres, los más olvidados que es el mundo indígena, queremos ahora también proyectar nuestra reflexión dentro del contexto nacional, dentro del contexto de violencia y guerra. Aquí hay una violencia por el territorio para ganancia y para destruir, allá se disputa el territorio para vender veneno, pero queremos asumir la responsabilidad de ser parte del México que también hoy queremos construir. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (…) recoge el espíritu de don Samuel y legado, y trabaja para la construcción de una sociedad mejor en la base racional, ética y en la que se garantice los valores elementales y la supervivencia de la sociedad. Creemos en la construcción de una sociedad diferente, porque estamos construyéndola”.

Con estas palabras Tatic Raúl Vera asume con alegría el cargo de Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con lo cual todas y todos los integrantes nos sentimos felices y con mucho ánimo de seguir construyendo el ejercicio pleno de los derechos humanos en Chiapas y en México.

Para la ley, los adolescentes acusados no son «criminales»… pero lo son en las noticias

Por Marco Lara Klahr. Al menos de forma primaria, la función del periodismo no es pedagógica, sino informativa. El abordaje noticioso sobre un cierto asunto de interés público y su difusión masiva, sin embargo, diseminan valores que dejan de ser inocuos al determinar visiones de la vida y el entorno social, y sucesivos comportamientos.

El Proyecto Presunción de Inocencia en México ?de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio de Open Society Justice Initiative? considera a los medios noticiosos y los periodistas cruciales en el éxito o fracaso de la reforma del sistema de penal que ocurre en México, en los ámbitos federal y estatales, desde 2008.

Es por ello que observa y analiza de manera propositiva el modo como informan sobre el sistema judicial, la reforma correspondiente y las temáticas relacionadas con el delito y su persecución.

Siguiendo al caso del adolescente de 14 años detenido en Morelos [diciembre 4, 2010], acusado de participar, sin que se haya comprobado legalmente, en asesinatos por cuenta de una organización criminal, el 6 de diciembre [2010] el diario Reforma publicó la noticia «Alistan reforma para menores criminales».

Da cuenta, sin clarificarlo, de la inminente aprobación en el Senado de la Ley Federal del Sistema de Justicia para Adolescentes (para cumplir con la reforma constitucional de 2005). Pero tanto el encabezado como el lead tienen ya imprecisiones: 1) las personas mayores de 12 años y menores de 18, según el derecho internacional y el Artículo 18 constitucional, no son «menores», sino «adolescentes», un término que se aleja de la visión tutelar que concibe a los no adultos como inferiores; 2) según los mismos ordenamientos, los adolescentes en conflicto con la ley penal no son «criminales», sino «acusados» o «imputados», y no incurren en «delitos», sino en «conductas antisociales», y 3) el Sistema de Justicia para Adolescentes existe ya desde 2006 en la mayoría de los estados del país, tras la reforma al propio Artículo 18 constitucional de 2005, que impone la creación del sistema integral de justicia para adolescentes en sustitución del anacrónico «sistema tutelar de menores»; en realidad, lo que está en curso de dictaminen en el Senado es el marco legal del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes ?¡cuatro años después de vencido el plazo impuestos por aquella reforma para establecerlo!

En el primer párrafo, asimismo, tacha al adolescente acusado en Morelos de «niño sicario», violando su derecho a la presunción de inocencia, asentado en el Artículo 20 constitucional como el primero de los «derechos de toda persona imputada» ?un tribunal es la única autoridad competente para condenar a una persona acusada.

En el segundo párrafo se atribuye a legisladores entrevistados la idea de que la reforma en curso de discusión «no servirá para resolver el problema del creciente número de menores involucrados en actividades del crimen organizado». Al respecto, lo único que podría impedir la incorporación de niños y adolescentes a organizaciones criminales son políticas sociales integrales de prevención, educación, empleo, equidad y justicia. El sistema de justicia y las leyes penales permiten al Estado ?tal es su finalidad primordial? proveer justicia poniendo a salvo los derechos de las víctimas y castigando en un marco de legalidad a los transgresores.

La información del diario Reforma añade que «A diferencia de la legislación vigente, los acusados deberán cumplir con la totalidad de su sentencia, ya que no serán puestos en libertad sólo por cumplir la mayoría de edad». Sobre esto hay que decir que 1) a nivel federal no existe «legislación vigente», sino que es la que está ahora procesándose en el Senado, y 2) hay estados como Morelos donde la Ley de Justicia para Adolescentes ya establece que, si es el caso, la pena privativa de la libertad debe ser aplicada en su totalidad al adolescente condenado, aun cuando alcance la mayoría de edad ?permaneciendo en el mismo centro de reclusión y no en uno para adultos.

Se atribuye al senador Tomás Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, la afirmación de que «el sistema vigente es sólo de carácter tutelar», cuando, como se ha dicho, el sistema tutelar desapareció formalmente tras la reforma de 2005 al Artículo 18 constitucional que dio nacimiento al sistema de justicia para adolescentes.

A lo largo del texto queda implícito el tema de los valores ?en este caso, criminalizantes de los adolescentes y antirreformistas?, incluido el uso de un mote para referirse al chico acusado en Morelos. Cierta ambigüedad impide discernir entre la perspectiva de las fuentes citadas y la de quien confeccionó la nota, pero deja entrever el riesgo manifiesto de que casos como éste sean usados a favor de tendencias contrarias a la reforma del sistema de justicia penal que permitirá a nuestro país, salvo que se frustre, transitar del obsoleto modelo inquisitorio al acusatorio, que si funciona adecuadamente puede proveer un sistema penal más justo.

[Dic. 9, 2010]

Acopio para la Comunidad de Santa María Tlahuitoltepec

Solicitamos el apoyo de todos nuestros radio escuchas y amigos solidarios tras la alud que ocurrio en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, donde una de las radios comunitarias indígenas más interesantes y contestatarias del país, Jën Pöj, sufrió una severa afectación. Se puede hacer donativos y acopio en:

AMARC México: Vista hermosa 89 col Portales, el horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

La Voladora Radio (San Francisco # 70, barrio de Panohaya) se abre como centro de acopio, con un horario de 10 am a 20 horas.

Servicio del Pueblo Mixe A.C., que está ubicado en Primera Privada de Sabinos 113, en la colonia Reforma, y atenderá las 24 horas del día. De noche sólo hay que tocar la puerta, su teléfono es 51 85 157

Se necesitan cobijas, lámparas, comidas que se puedan conservar, pañales, generadores de energía eléctrica, azúcar, frijol, arroz, lonas, impermeables, botiquín de primeros auxilios.

Esperamos que puedas ayudar.

El pragmatismo de Peña Nieto (y sus miedos)

El gobernador del estado de México es el futuro candidato de todos los grupos de poder en México. No es todavía, ni de lejos, el candidato futuro del PRI, por la sencilla razón de que la elección interna todavía está por dirimirse. Pero Peña Nieto se lanzó muy pronto al ruedo (o lo lanzaron) y ya ha hecho su fama pública; es por eso que debemos tomarlo en cuenta. Si por él fuera, no creo que valdría la pena gastar saliva. Pero es el caso que este pequeño espécimen político que parece haber surgido de la nada no representa nada en sí mismo, sino todo lo que se ha fraguado en su derredor y los enormes poderes que parecen haberse conjurado para hacerlo su futuro candidato.

Es un hecho que el mayor monopolio de medios le ha prodigado su más tenaz y obsecuente promoción, aparte de muchos otros que ven en él al candidato más viable, independientemente de lo que sucede o pueda ocurrir en el PRI. Se ha podido ver que esa promoción ha sido tan poderosa que hasta las mismas filas priístas se han venido moviendo en una misma dirección.

El tiempo, empero, tiende siempre a poner las cosas en su lugar. Dentro mismo del PRI se ha podido ver que hay, no nuevas, sino viejas aspiraciones que aún no se habían manifestado. Antes no podía hacerse a menos de mencionar a Beltrones, pero se le veía en la lejanía. Ahora suena más fuerte y hasta por ahí anda figurando la señora de los huipiles. Por supuesto que en estas lides nada puede decirse de cierto.

Vale pues la pena ocuparse de Peña. Su enseña principal es que en política se debe actuar con pragmatismo. Su idea de ese concepto es muy primitiva y vaga. Significa volver al pasado priísta que nos gobernó con tanto éxito durante setenta años. Pragmatismo significa, en el ideario de Peña, fortalecer al presidente de la República en su gobierno y restaurar, por ejemplo, las reglas no escritas que en el pasado priísta le permitieron regir al país con mano firme y sin atender a veleidades legislativas que le ponían cuanto freno pueden imaginar los partidos representados en el Congreso. Hizo su tesis en una Universidad patito sobre el presidencialismo y se centró en Álvaro Obregón, según él, un “enérgico jefe del Ejecutivo”. La figura es emblemática a más no poder, pero el fundamento de sus ideas autoritarias está en el discurso de Carranza al presentar en el Constituyente de Querétaro su proyecto de Constitución.

La idea que Peña Nieto tiene de Obregón es de verdad miserable. Él ve sólo a un individuo que ejerce el poder como si se tratara de un titiritero al que sus muñecos no ofrecen mayor resistencia. Yo he escrito sobre Obregón y he puesto de manifiesto la grandeza política del sonorense, que no sólo era un árbitro conciliador formidable, sino, además, un muy buen observador de las reglas escritas y no escritas de la política. En su época, las normas no escritas eran las más numerosas y las que al final prevalecían. Lo que Peña destaca de su actuación es su arbitrariedad, que fue excesiva, no su sabiduría política. El ideal del gobernador mexiquense es un gobernante que actúe sin trabas legislativas, como se imagina, sin ninguna razón, que fue Obregón. Éste era un político que sabía poner a todos de acuerdo antes de que la norma se aplicara y ello evitó en grandísima medida la violencia que entonces era atroz.

El remedio que idea Peña, asesorado por consejeros como Chuayffet Chemor, un auténtico analfabeto político, es disminuir al máximo las facultades controladoras del Legislativo sobre el Ejecutivo. Es una treta antiquísima entre nosotros. Así justificaban los defensores de la dictadura porfirista el poder arbitrario del dictador. La culpa de todas las ineptitudes del presidente es de los legisladores que buscan someter sus actos al derecho. Es que no le dejan hacer nada, clama Peña Nieto. Es el modo más barato de justificar la incapacidad de los presidentes para gobernar. Él cree que si se cuenta con leyes que le permitan a uno hacer lo que considera necesario, entonces se puede hacer un buen gobierno. En consecuencia, si no se cuenta con esas leyes soñadas, la culpa es del Legislativo. Por lo tanto, habrá que maniatar lo más que se pueda al Congreso, que parece tender por naturaleza al más completo desmadre.

Peña se pronuncia en contra del tope del ocho por ciento para la sobrerrepresentación del partido mayoritario. Con un cuarenta por ciento, postula, debería obtener una mayoría absoluta. No puede pedírsele que se apiade de los criterios modernos de la representación de los votos y de la representatividad democrática de los partidos. Es un chico que no entiende nada de las complejidades de la organización del Estado democrático y que sólo mira a lo que él entiende como el pragmatismo en el arte de gobernar, del que tampoco entiende mayor cosa. Para él, pragmatismo quiere decir no atarse a “paradigmas”. Evidentemente, quiere decir, hacer a menos de cualquier regla que impida hacer lo que desde el gobierno se juzga necesario. Eso es de la época de las cavernas. Hoy, gobernar quiere decir consensuar, poner de acuerdo a todos para realizar cualquier acción de gobierno.

A cualquiera de esos merolicos que nos administra la televisión le debe parecer que ese es un modo muy enérgico y eficaz para gobernar a este burdel en que se ha convertido el país. Es la apuesta natural de los medios de comunicación y, junto con ellos, de todos los grupos de poder que nos gobiernan. En la realidad, no es más que una pobrísima propuesta de gobierno hecha por descerebrados ambiciosos e ignorantes que no saben gobernar más que por la fuerza. Llena de miedos y temores que son perfectamente entendibles. Tienen miedo de cualquier clase de control por parte de los representantes del pueblo; tienen miedo de que se les pueda juzgar por sus malos actos mediante la aplicación de la ley; tienen miedo de los partidos de oposición si les hacen montón y los amenazan con una coalición que les gane la mayoría en las urnas.

Fue por eso que Peña Nieto promovió las recientes reformas en materia electoral en su estado. Niega el derecho de los “partidos políticos a presentar candidaturas comunes y los quiere obligar a formar alianzas que son gravosísimas y tremendamente inconvenientes. Una alianza en la legislación electoral del estado de México equivale, prácticamente, a renunciar a las prerrogativas y derechos que cada partido tiene por ley. Las candidaturas comunes permitían conservar la propia identidad y todos los derechos de un partido político. Ahora eso se acaba y en una eventual alianza habrá que perder todos los derechos que como partido se tienen.

El protagonismo del gobernador mexiquense tiene pies de barro y juega apuestas sin respaldo que no tienen ninguna seriedad. Televisa lo hizo su candidato anticipado y le ha dado todos los espacios (sería bueno saber, muy a ciencia cierta, cuánto representa ya el costo de sus promocionales y, sobre todo, quién los está pagando). Eso es signo, para todos, de que Peña Nieto es el prospecto presidencial de la oligarquía mexicana y a eso deberemos atenernos.

¿Narcoterrorismo?

Los hechos. El 15 de julio se produjo un atentado con explosivos en la intersección de la avenida 16 de Septiembre y Bolivia, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saldo: cuatro muertos. Una semana después, los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), auxiliados por expertos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), no habían podido determinar si se usó un coche bomba cargado con material plástico C-4 o Tovex (gel líquido de uso minero); granadas o un dispositivo explosivo improvisado, como sugirió la consultora estadunidense Stratfor. Sendos narcomensajes, que con fines de decepción (engaño) o propaganda negra pudieron ser colocados por cualquiera de las partes involucradas en la “guerra” de Calderón contra los malos, fueron validados por las autoridades para identificar a los autores del hecho criminal: La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, que dirige Vicente Carrillo Fuentes.

El uso mediático. Pocas horas después, en una videograbació n difundida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el presunto sicario Jesús Acosta Guerrero, El 35, reveló una supuesta estrategia de medios de La Línea, a través de narcopintas, para infundir temor a la población. Y cuando todavía los expertos de la PGR, la FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos no llegaban al lugar de los hechos a tomar muestras de la sustancia utilizada, en los espacios noticiosos los especialistas ya habían concluido: carro bomba + narcoadvertencias = narcoterrorismo.

Durante varios días se pontificó sobre narcoterrorismo. Ciudad Juárez era peor que Kabul o Bagdad. El narco mexicano igual al talibán. El bombardeo mediático tuvo una inmediata consecuencia “lógica”: el Ejército volvió a las calles con brigadas de rastreo y peinado de viviendas, perros amaestrados y helicópteros. Más allá de las disquisiciones semánticas y sin menospreciar la capacidad en el manejo de explosivos de los cárteles mexicanos, nadie aventuró la posibilidad de un autoatentado para provocar el efecto deseado.

Pero, ¿quién fijó la agenda? ¿La SSP? ¿El comandante de la quinta Zona Militar, general Emilio Zárate, quien filtró información sobre el hallazgo de residuos de “10 kilos” de C-4 en el lugar? ¿El centro de inteligencia binacional controlado por especialistas en guerra sicológica y operaciones clandestinas del Pentágono y la CIA, que funciona en el Distrito Federal y reporta directamente al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, experto en Estados fallidos? Se pasó por alto, también, que desde que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, en marzo de 2008, Ciudad Juárez es la urbe más militarizada y paramilitarizada del país, y principal laboratorio de la guerra urbana en México. Y que como ha sido admitido por autoridades del Pentágono y el Departamento de Estado, 20 grupos de tarea integrados por fuerzas especiales estadunidenses, vienen actuando en Juárez y otras ciudades como parte de la “interoperatividad militar” entre los dos países, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Serpientes y escaleras. Diecinueve días antes del atentado en Ciudad Juárez, un diario capitalino había señalado que instructores del Comando Norte venían entrenando a militares mexicanos en contrainsurgencia, con tácticas utilizadas en Afganistán e Irak. La información fue ratificada por el subsecretario del Pentágono, William Weschler, durante una audiencia en Washington, el 21 de julio: tropas mexicanas aprenden tácticas contra narcoterrorismo. Según un reporte del Comando Norte, “el enemigo en México vive entre los civiles”. La tácita equiparación de los cárteles de las drogas con la insurgencia iraquí y afgana, implica, como respuesta militar, la guerra irregular o asimétrica, con todo y sus daños colaterales, acciones genocidas incluidas. Ergo, más de lo mismo pero peor. Con un agregado: en la fase de “afganización” de México y según la nueva jerga del Pentágono recuperada por el experto Edgardo Buscaglia, se debe sustituir la denominación cárteles del narcotráfico por “mafia insurgencia”; una fórmula sencilla para justificar la contrainsurgencia en un asunto de seguridad pública.

Por pura casualidad, también, en momentos que el gobierno de Barack Obama anunciaba el envío de mil 200 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, junto con aeronaves de vigilancia a control remoto (drones), otro experto aventuró que ante la “militarizació n” de los sicarios mexicanos –devenidos en “fuerzas especiales del crimen organizado” (sic)– y el empleo de “tácticas terroristas” similares a las usadas en Irak y Afganistán, no sería “extraño” que el Ejército y la Armada comiencen a utilizar aviones de manera intensiva en Ciudad Juárez. Que el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense, Alan Bersin, admitiera que se está negociando el empleo de drones del lado mexicano de la frontera, es un dato anecdótico. Igual que la noticia de que la Armada de México está fabricando vehículos aéreos no tripulados (VANT), en Veracruz.

Narcoestrategia. Desde el gobierno de Ronald Reagan el narcotráfico es un instrumento de Washington para rencauzar el sistema de control social en América Latina. Gregorio Selser la llamó narcopolítica. En 1983, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, acuñó la expresión narcoguerrilla, asimilada a las FARC y el ELN. Otro halcón, Elliot Abrams, matrizó narcoterroristas en 1986. Vía el Plan Colombia (2000), a Washington le llevó 10 años convertir al Ejército colombiano en una fuerza cipaya y disponer de siete bases militares en el país. La reproducción intensiva del modelo de reingeniería militar lleva tres años en México; los de Calderón. Ah, por cierto, la quinta Zona Militar informó el viernes 23 que decomisó 26 kilos de explosivo Tovex en el simbólico municipio de Madera. ¡Vaya casualidad! ¿Qué sigue? ¿Narcoguerrilla?

Carlos Fazio

Preso político del GDF

Víctor Herrera Govea tiene 21 años. Es estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, anarquista, miembro de la otra campaña y, desde hace casi 10 meses, preso político del Gobierno del Distrito Federal.

Víctor no cometió mayor delito que ser joven, rebelde y libertario. No es, ni ha sido, indiferente a la injustica y la desigualdad en México, pero lejos estaba de imaginar que le tocaría sufrir en carne propia la manipulación del sistema judicial capitalino. El 2 de octubre de 2009 participó en la marcha con que se recuerda la masacre de estudiantes en Tlateloco. Ahí, Víctor fue golpeado e ilegalmente detenido por la policía de la ciudad de México, acusado de daños en propiedad ajena y robo en pandilla a un Oxxo.

Un sistema que da la espalda a los jóvenes y criminaliza la protesta es el que mantiene al joven estudiante tras las rejas. Víctor, además de estudiar filosofía, participaba en proyectos de tecnologías apropiadas, como la fabricación de estufas de arcilla para ahorrar combustible y la construcción de baños secos que evitan la contaminación del agua. Además es luchador y activista, y por eso estaba el pasado 2 de octubre en el Zócalo, como uno más que no olvida la matanza.

El 2 de octubre pasado la manifestación estudiantil fue agredida primero por provocadores que saquearon un Oxxo. Posteriormente, cuando Víctor regresaba a su casa, al ingresar al Metro Bellas Artes, ocho judiciales lo golpearon y detuvieron. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Sur.

Los testimonios de los judiciales que lo golpearon fueron suficientes para encarcelarlo. El proceso, plagado de anomalías, no ha tomado en cuenta los videos en que se demuestra que Víctor no estaba en el lugar.

Además, el juicio ha tardado debido a la manipulación judicial. Los policías que fungen como parte acusadora no se han presentado a declarar y dentro de las instituciones de”justicia” las excusas por el tiempo excesivo son: que el personal está de vacaciones o que hay mucho trabajo.

Actualmente se espera el cierre de instrucción del periodo de pruebas de la parte acusadora. Posteriormente vendrá la presentación de pruebas de la defensa y, finalmente, de las conclusiones de la juez y la sentencia. Por lo pronto, Víctor Govea sigue luchando en la cárcel.