Por AYOTZINAPA, TOD@S A LA CALLE

A los medios de comunicación:
La indignación y el dolor que hoy compartimos miles de mexicanos en México y en el mundo alrededor de los incalificables hechos ocurridos en Iguala Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzosamente y seis más fueron asesinados nos convoca a salir a las calles, a manifestarnos públicamente contra la brutalidad y la impunidad que priva en el país y que hoy se ve manifiesta en contra del pueblo de Guerrero y en particular contra un grupo de jóvenes rebeldes y organizados.
Ante estos hechos y en respuesta al llamado que el pasado sábado hicieran los padres y familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a una jornada de movilización nacional, un grupo plural de organizaciones, sindicatos, colectivos y comités nos hemos organizado para convocar en la Ciudad de México a una marcha el miércoles 8 de octubre a las 4 de la tarde para convocarnos en el Ángel de la Independencia y de ahí partir al Zócalo. La jornada se convoca con el lema Por AYOTZINAPA, TOD@S A LA CALLE, alrededor de los siguientes ejes.
•    ¡Presentación con vida de los desaparecidos!
•    ¡Castigo a los asesinos!
•    ¡Apoyo total a Ayotzinapa y a las Escuelas Normales Rurales de todo el país!

#Más de 131 (UIA),  Bloque Rosa, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Colectivo de Abogados Zapatistas, Colectivo de Lucha Estudiantil Zaragoza, Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de junio UAMX, Colectivo Gavilán (Iztapalapa), Colectivo RATIO, Comité 68 Pro Libertades Democráticas,  Comité Estudiantil Metropolitano, CGH- Ho Chi Min, Conciencia Revolucionaria- Escuela Superior de Economía (IPN),  Coordinadora Estudiantil Politécnica ESIA-ESEO-IPN,   Frente Autónomo Audiovisual, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco), Frente de Pueblos del Anáhuac-Tláhuac, Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra (San Francisco Xochicuautla),  Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII, HIC, jóvenes en resistencia alternativa, Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES),  Movimiento por la paz con justicia y Dignidad, Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS), Nueva Central de Trabajadores en México, Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas-UIA; Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),  Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM), SubVersiones Agencia Autónoma de Comunicación, Telar de Raíces, Tejiendo Organización Revolucionaria,  Unión Popular José María Morelos y Pavón, Sección 9 democrática de la CNTE, Perspectivas Criticas, Agrupación Barricada Normalista, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), Preparatoria Popular Tacuba, Red de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masa (REDIR-LM), Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo (POS-MAS), Colectiva Tierra Lesbik, Grupo Estudiantil Tiempos Modernos, Colectivo de Expresas y Expresos 1DMx (Colectivo 1DMX), Grupo de Acción Revolucionaria, Colectivo Zenzontle Exkizito, Movimiento Estudiantil Progresista Epos Estado de México, Colectivo Corazón del Cerro, La Voladora Radio, Brigada Informativa Altavoz, Colectiva de Gafas Violetas, Observatorio Eclesial, Comunidad Indígena de San Lorenzo Acopilco Df, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, Salud y Bienestar Comunitario AC, Federación de Jóvenes Comunistas (FJC), Alianza Única del Valle Coordinación San Pedro Xalpa Azcapotzalco, Comité de lucha estudiantil de la licenciatura en Educación Indígena de la UPN, UPN, Colectivo Dignidad y Resistencia Indígena, Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella (FLE-JAM), Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Colectiva Feminista Rosa Chillante, Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, #YoSoy132 Internacional, Colectivo ESFINGE.  Personas Solidarias: Joel Ortega Juárez, Lengualerta (Músico/México), Maria Elena Martinez Villarreal, Valentina Peralta Puga (Coordinadora Grupo Eslabones), Ma. De Jesus Zamarripa Guardado, Jaime Lagunez Otero, Ruth Mandujano Lopez, Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Yolanda Niell, Ernesto Montes Hernandez, Pedro Arrieta, Graciela Hernandez Villalba, Gabriela Enriquez Ortiz, Elisabet Luna, Patricia Fortuny Loret de Mola, Bulmaro Sanchez.

Organizaciones de Derechos Humanos monitorearán y acompañarán la marcha del 2 de Octubre

México, Distrito Federal, 01 de octubre de 2014

 

A la opinión pública nacional e internacional:

 

A las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal:

 

A los medios de comunicación:

 

Por medio del presente comunicado, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, anunciamos que estaremos monitoreando y brindaremos acompañamiento a los participantes en la movilización del 2 de octubre próximo en la Ciudad de México, convocada en conmemoración de los 46 años de la matanza de Tlatelolco de 1968; manifestación donde participarán miles de estudiantes universitarios y de educación media superior, así como organizaciones sociales.

 

En el contexto de afectación a las libertades democráticas, un grupo plural de ciudadanos y ciudadanas, sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, con apoyo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social interpusieron 20 demandas de amparo que representan a 14,000 personas, en contra de disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal  que imponen la obligación de aviso previo y por escrito con al menos 48 horas antes de una manifestación, prohíben de manera absoluta el uso de vías primarias y habilitan facultades discrecionales a la policía para el uso de la fuerza. En días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles contra estas disposiciones hasta que se resuelvan los juicios correspondientes. Esta determinación sienta un precedente importante en la protección del derecho a la protesta social en el Distrito Federal.

 

Desde el 1 de diciembre de 2012, observamos con preocupación un aumento significativo en el número de violaciones a derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, en particular contra jóvenes y estudiantes, situación evidenciada por la privación de la libertad de al menos 294 personas entre diciembre de 2012 y el mismo mes del  año 2013, quienes contaban en promedio con 22 años de edad. En los eventos pasados se apreció una relación proporcional directa entre el número de detenidos arbitrariamente, los civiles lesionados y los policías que integraron los operativos.

 

Por lo anterior, exhortamos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social.

 

Hacemos un atento llamado a la Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal, para que emitan medidas precautorias en el ámbito de su competencia, dirigidas a la Procuraduría General de Justicia capitalina, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a la Policía Federal, con el propósito de que dichas autoridades garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos de protesta, manifestación pública, de expresión, de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones del 2 de octubre, y de los habitantes de la Ciudad de México que circunden la ruta de la protesta.

 

 

Atentamente:

 

Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 (Cojudh)

Colectivo El Tribuno Popular

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social Integrado por:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.

Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA.

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

Propuesta Cívica, A.C.

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.

Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.

Red #RompeElMiedo se reactiva el próximo 2 de octubre a favor del derecho a documentar

México D.F. a 1 de octubre de 2014.- Con motivo de las manifestaciones conmemorativas de la matanza de 1968 en Tlatelolco, ARTICLE 19 informa que el próximo jueves 2 de octubre la Red “Rompe el Miedo” se reactiva, la cual tiene como principal objetivo la libre documentación y difusión de información en coberturas de protestas sociales.

La red #RompeElMiedo comenzó como una campaña de respuesta ante las agresiones sufridas contra la prensa ocurridas el 1 de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. Bajo el lema “Documentar no es un delito”, se ha conformado una red que tiene por objetivo vigilar que medios y ciudadanos que decidan documentar manifestaciones tengan las garántías para el respeto y goce de sus derechos. La iniciativa busca además garantizar la libre manifestación de ideas y opiniones, así como el derecho a saber de las personas.

El 2 de octubre del 2013, ARTICLE19 y los miembros de la red, documentaron el ataque más violento contra la libertad de expresión en la capital de México. De acuerdo a testimonios recogidos apuntaron, entre otras cosas, que se trató de un ataque directo contra la prensa. De las 46 de agresiones registradas por la red 30 corresponden a hombres, 11 mujeres y 5 personas que por seguridad no se indicó, de éstas, 32 casos fueron agresiones directas de policías; ocho por agresores de identidad desconocida; 3 por civiles con comportamiento policial; y 3 por personas con rostro cubierto.

ARTICLE19 lanza una invitación a todas las personas que documentarán la manifestación del 2 de octubre a monitorear la marcha utilizando el hashtag #RompeElMiedo y arrobando a ARTICLE19 (@article19mex) a través de las redes sociales en caso de agresiones y detenciones arbitraria, y a través de la página Cobertura de riesgo, periodistas y comunicadores podrán revisar guías de protección para una cobertura segura, y con ello aminorizar los riesgos a los que podrían verse sometidos.

ARTICLE 19 reprueba cualquier acto de violencia que pudiera presentarse el próximo jueves. Si la violencia proviene por parte de civiles contra instalaciones físicas, comunicadores, defensores o bien contra la policía deben de ser reconocidos como delitos. En tanto, si las agresiones provienen de policías deben ser reconocidas como violaciones a los derechos humanos. La violencia es diferenciada y se equivocan quienes la equiparan.

Para ARTICLE 19 la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. .

Por tanto, ARTICLE19 recuerda que el Estado se encuentra obligado a respetar y garantizar el derecho a la documentación y a la protesta y hace un llamado a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública con el fin de proteger a los manifestantes y documentadores, y con ello evitar detenciones arbitrarias y agresiones físicas.

 

 

Iniciativa de ley en Veracruz obliga a pedir permiso para manifestarse.

El pasado 25 de septiembre, el diputado del PRI, Adolfo Ramírez Arana, presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa de ley sobre tránsito y seguridad vial que busca regular las manifestaciones públicas.

Este proyecto de ley se suma a las nueve iniciativas que han sido presentadas en el país desde 2013, que restringen y criminalizan la protesta social, de las cuales cuatro fueron aprobadas –Quintana Roo, Puebla, Distrito Federal y Chiapas; aunque en este último estado ya fue abrogada.

Esta iniciativa contempla restricciones desproporcionadas para las manifestaciones públicas. En particular, algunos de los artículos que violentan los derechos a la libertad de expresión y reunión, son los siguientes:

1.- “Autorización” o “permiso” para manifestarse: En el artículo 61 se establece como condicionante para manifestarse públicamente tener una “causa que lo justifique” y, acreditada dicha causa, la Secretaría de Seguridad Pública “emitirá una autorización por escrito” para poder realizar la manifestación.

En el artículo 63 dispone que para otorgar la autorización y facilidades necesarias para la manifestación es necesario dar “aviso por escrito a la Secretaría (de Seguridad Pública) por lo menos con cinco días de anticipación a la realización del evento de que se trate, estipulando las razones que justifiquen la afectación del tránsito y la seguridad vial”.

Solicitar permiso o autorización a la autoridad para ejercer derechos humanos, viola los estándares internacionales en la materia, a los que el Estado está obligado a respetar, proteger, promover y garantizar. Si bien podría notificarse previamente a la autoridad sólo para efecto de que facilite el ejercicio de derechos, esto no debe traducirse en una condición o permiso para éstos.

En este sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, ha establecido que “(l)a falta de notificación previa de los organizadores a las autoridades no debe motivar la disolución automática de la reunión…ni la imposición a sus organizadores de sanciones penales o administrativas consistentes en el pago de multas o la privación de libertad”.[1] A la luz de este estándar resultan insostenibles las restricciones a derechos contenidas en la iniciativa de ley.

Asimismo, en el artículo 17 se establece que quienes no cuenten “con el permiso escrito” para manifestarse, Seguridad Pública les solicitará “retirarse pacíficamente”, y si se niegan, “deberá hacerse uso de la fuerza pública”.

Lo anterior resulta sumamente preocupante, pues al no contar con “autorización” para ejercer la libertad de expresión y reunión, además de ser discriminatorio, se aplicaría la fuerza pública, vulnerando con ello la integridad personal e, incluso, la vida de quienes se manifiesten. Tal es el caso de las manifestaciones espontáneas, que el mismo Relator Especial “reconoce como mejor práctica la adopción de la legislación que autorice la celebración de reuniones espontáneas, que deben estar exentas del requisito de notificación previa”.[2]

2. Discrecionalidad y ambigüedad: En el artículo 62 se establece la obligación de dar facilidades a las manifestaciones “cuya finalidad sea perfectamente lícita”. Asimismo, el artículo 65 dispone que Seguridad Pública “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de vías primarias de circulación”. Estos conceptos son ambiguos e imprecisos, facilitando una aplicación arbitraria de la autoridad. Además, restringe ilegítimamente la libre expresión y reunión, al prohibir manifestarse en vías primarias, pues como ha sostenido Frente por la libertad de expresión y la protesta social, estas disposiciones menosprecian el sentido político de la protesta social, la cual busca hacer visibles diversas demandas sociales, así como utilizar el espacio público como espacio de participación.

Preocupa también el artículo 18 que establece que cuando se “presuma” la comisión de algún delito o se cometan infracciones a la ley (como no contar con autorización o usar vías primarias en manifestaciones), “se procederá la detención de usuarios por flagrancia” medida que resulta completamente desproporcional y violatoria de derechos humanos.

Recordamos que Veracruz es una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. Desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, iniciado en enero de 2011, diez periodistas han sido asesinados. Tan sólo en este año, de las 201 agresiones contra la prensa documentadas en el país, 35 ocurrieron en Veracruz. También cuatro periodistas continúan desaparecidos en esa entidad.

Además de este contexto peligroso para llevar a cabo la labor periodística, ahora se pretende en la entidad restringir indebida y desproporcionalmente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en el contexto de manifestaciones públicas, encontrándose las y los periodistas, así como cualquier persona, en una situación de riesgo, tanto por la omisión de las autoridades de Veracruz de investigar y sancionar a los responsables de las agresiones contra la prensa, como por la emisión de este tipo de iniciativas que violentan gravemente los derechos de las personas en esa entidad.

Por todo lo anterior, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige al Congreso de Veracruz que deseche la iniciativa. De lo contrario, dicho estado se añadirá a las entidades que han asumido legislaciones antidemocráticas que persiguen inhibir la protesta social.

Atentamente,

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

Tortura a indígenas tseltales Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

24 de septiembre de 2014

Boletín de prensa No.26

Tortura a indígenas tseltales Adherentes

a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) documentó hechos de tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes cometidos por elementos de la Policía Municipal de Chilón, contra los indígenas tseltales Juan Antonio Gómez Silvano, Roberto Gómez Hernández y Mario Aguilar Silvano (en adelante Juan Antonio, Roberto y Mario), Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2014, en la cabecera municipal de Chilón. Chiapas, México.

Según los datos con los que cuenta el Frayba, el día 16 de septiembre, aproximadamente a las 04.00 hrs., mientras se dirigían a su domicilio; Juan Antonio, Roberto y Mario fueron detenidos por un grupo aproximado de 40 policías municipales de Chilón.

A partir de ese momento recibieron golpes con puño y patadas, les rociaron gas en los ojos, fueron esposados y subidos cada uno en una camioneta de la policía municipal de Chilón, ya sometidos y boca abajo les pisaban la espalda y las manos para inmovilizarlos. En la Comandancia de la Policía Municipal continuaron los golpes y el rocío de gas en los ojos interrogándolos sobre la portación de dos armas de fuego y sobre las lesiones a un policía municipal. Los tres indígenas tseltales indicaron que desconocían los hechos que les preguntaban los policías.

El 17 de septiembre ya en la Fiscalía del Ministerio Público en Ocosingo, Chiapas, fueron nuevamente golpeados en presencia de Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público. Según lo documentado a Mario le provocaron asfixia con una bolsa de plástico y le daban golpes en la cabeza con la palma de la mano insistiendo que confesara respecto al arma de fuego y que se autoinculpara de la haber disparado y lesionado a un policía municipal. Mientras que Roberto fue presionado psicológicamente para que acusara a dos compañeros, con el argumento que ellos lo habían inculpado.

Los tres indígenas fueron obligados a poner su huella digital en la declararon ministerial que no les leyeron. Es importante señalar que ninguno de los tres sabe leer ni escribir, además de que su lengua materna es el tseltal. Se cuenta con información que los detenidos no contaron con un traductor, ni con un abogado de su confianza que les asistiera durante su declaración ministerial. Fueron consignados el 18 de septiembre al Juez Omar Heredia Reyes por el delito de lesiones calificadas.

Al rendir su declaración preparatoria ante el Juez  Omar Heredia, se logró que éste  diera fe judicial de las lesiones, dando parte al Fiscal del Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones correspondientes por probables actos de tortura, sustentándolas en la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la tortura. Ante lo anteriormente narrado el Frayba manifiesta su preocupación por la actuación de la Policía Municipal de Chilón y la Agencia del Ministerio Público de Ocosingo, por el uso de la tortura como un método de investigación policial.

Solicitamos a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, que realice las investigaciones correspondientes en contra de los policías municipales de Chilón y el Fiscal del Ministerio público Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez por el delito de tortura, tal como se encuentra tipificado en el Código Penal del estado de Chiapas, así como los demás delitos que resulten.

Además el Juez que conoce la causa de  Juan Antonio, Roberto y Mario, debe de desechar las pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura.

Antecedentes: Durante los festejos de la independencia de México, en la madrugada del 16 de septiembre, en la cabecera del municipio de Chilón, se escuchan varios disparos de armas de fuego, en donde es lesionado un elemento de la policía municipal de Chilón. En dichos festejos se encontraban  Juan Antonio, Roberto y Mario quienes se dirigían caminando a su casa cuando los detuvieron acusándoles de disparar al policía herido.

Conferencia de prensa sobre la definición de la situación jurídica de Mario Luna

A la opinión pública nacional e internacional,

A los medios de comunicación,

El día de ayer, miércoles 17 de septiembre, el Juez tercero de primera instancia Manuel Octavio Palafox Ocaña dictó el Auto de Formal Prisión en contra de Mario Luna Romero, secretario y vocero de la Tribu Yaqui, quien es acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor por hechos ocurridos en junio de 2013.

Es para nosotros indignante que se dé esta respuesta de parte del poder judicial, cuando no existen elementos legales para sostener su culpabilidad como lo demostró la defensa, pues ni Mario Luna, ni Tomás Rojo estuvieron presentes en los hechos que dan origen a este proceso legal.

El pasado lunes 15 de septiembre, se realizó la audiencia para presentar las pruebas de la defensa ante el Juez Palafox. Las autoridades tradicionales de Vicam que ejercían el cargo en Junio de 2013 dieron testimonio de los hechos mencionados, cuando Francisco Romo, el hombre que presenta la denuncia, agredió a las personas que se encontraban en las protestas en la carretera internacional contra la operación del Acueducto Independencia y que en consecuencia a la comisión de una falta fue procesado por las leyes tradicionales de la Tribu.

En la comparecencia, el Gobernador, el Capitán y el Comandante de Vicam asumieron la responsabilidad, a nombre de su comunidad, por la detención de Francisco Romo; Se entregó también el acta que acredita la detención y fue ratificada por las mismas autoridades tradicionales; de manera adicional se presentó un dictamen antropológico que explica los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, la forma como ejercen sus leyes tradicionales, comprobando así que  no se está hablando de un secuestro, sino de un proceso común de justicia comunitaria, que está reconocido en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Pueblos Indígenas.

El juez no analizó debidamente todas las pruebas, ni las vinculó para determinar la probable responsabilidad y admite que existen pruebas que hacen dudar que Mario Luna estuviese en el lugar de los hechos. Nunca se probó la conducta de Mario Luna Romero, sólo hay declaraciones de oídas que presumen podría haber ordenado la detención, pero no se determinó dónde y cuándo Mario Luna dió la orden.

El juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la Nación Yoreme, y parecen ignorar que quien dio la orden fue el Gobernador Tradicional de Vicam.

Cabe destacar que Mario es uno de los principales interlocutores en la consulta de las autoridades federales a la Tribu Yaqui, que derivó del fallo de la sentencia de la Suprema Corte, por tanto esta detención atenta contra los principios del derecho a la consulta mandatados por la corte.

Por lo anterior podemos afirmar que la razón de la detención de Mario Luna y las órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y otros dos compañeros yaquis es el resultado de una decisión del Gobierno del Estado, que ha manifestado una y otra vez, con su acciones que no existe respeto hacia la Tribu Yaqui y han mantenido una campaña de odio racial y criminalización, violando sus derechos humanos.

Atentamente,

 

Autoridades Tradicionales de Vicam

Permanecen en condición de damnificadas familias de La Montaña a un año del paso de Ingrid y Manuel

•    Marchan comunidades damnificadas para exigir reconstrucción integral de sus comunidades y rendición de cuentas sobre los recursos asignados para la rehabilitación de la región

•    Los programas estatales de reconstrucción han sido insuficientes, excluyentes y descoordinados; no cuentan con una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad

•    El CCDM demanda al Gobierno federal y gobierno estatal respuesta para más de 4 mil familias con requerimientos en vivienda

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 13 de septiembre de 2014. A un año de que la tormenta Manuel y el huracán Ingrid azotaran el estado de Guerrero, comunidades indígenas de la Montaña se mantienen en situación de alto riesgo, especialmente por la falta de un programa integral de reconstrucción para la región de la Montaña y por la ineficiencia de los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta coordinada a las comunidades afectadas.

En una marcha de más de cuatro mil personas – simbolizando lo que los pueblos debieron caminar en septiembre de 2013 para solicitar ayuda de distintas instituciones y llevar víveres hasta sus comunidades–, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña (CCDM) denunció que a un año del paso de las tormentas y a más de diez meses de que se diera a conocer el Plan Nuevo Guerrero (PNG), con una asignación de más de 37 mil millones de pesos, aún no han sido reparados ni reconstruido caminos, escuelas, centros de salud ni viviendas.

Las acciones de reconstrucción contempladas para los municipios de La Montaña dentro del Plan Nuevo Guerrero (PNG), son insuficientes; tan sólo el 11.4% del total de los recursos del Plan están destinados a los 19 municipios de La Montaña. Además, como reiteradamente denunció el CCDM, este plan del gobierno federal está lejos de poder ser considerado como un plan integral para la reconstrucción de la región, ya que prioriza la ampliación de proyectos ya iniciados – como la Cruzada contra el Hambre – que no son en ningún momento, medias diseñadas específicamente en respuesta a la contingencia y ni mucho menos para revertir la crisis dadas sus dimensiones; no solventa la situación en el mediano plazo; ni mucho menos satisface la dimensión de la pertinencia cultural requerida en este caso.

De igual forma, integrantes del CCDM denunciaron que el proceso de reconstrucción de sus comunidades se ha caracterizado por la improvisación, la descoordinación entre las dependencias de los tres niveles de gobierno y la exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Asimismo, informaron que, contrario a lo que se ha anunciado públicamente por los distintos niveles de gobierno en los últimos días, la respuesta del Estado ha sido ausente en la Montaña, donde al día de hoy no se ha concluido un solo proceso de reconstrucción en las comunidades afectadas que integran el CCDM. Ante esto, exigieron una respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) -como instancia instruida para la coordinación de las acciones de reconstrucción en el estado-, a las 4304 familias que han documentado los daños totales o parciales a su vivienda y que no han sido atendidas.

Como un ejemplo de participación ciudadana, autoridades comunitarias, comités y vecinos de las 185 comunidades indígenas que integran el CCDM, realizaron un censo sobre las afectaciones en viviendas provocadas por el paso de las tormentas dicho censo arrojó como resultado un total de 4304 familias cuya vivienda fue dañada total o parcialmente por el paso de las tormentas. Este ejercicio abierto de documentación por parte de las comunidades indígenas, contrasta con la falta de información pública de las instituciones estatales de los distintos niveles de gobierno, quienes aferradamente se rehúsan a brindar información a las comunidades sobre los resultados de los censos de los daños que se llevaron a cabo en la región y sobre las listas de beneficiarios de los programas que de estos se derivan.

“Las casas que se han construido en algunas comunidades ya se están cuarteando, a nosotros los pueblos indígenas nos discriminan y nos mandan materiales de segunda para las pocas casas que están construyendo, por eso les recordamos que las mentiras de los políticos nos hace unirnos más, porque nosotros merecemos un trato digno”, aseguró Jaime Gálvez, integrante del CCDM en Malinaltepec.

“A un año de las tormentas no hemos visto ni siquiera el 10% de la reconstrucción en las viviendas, Tlacoapa y otros municipios están quedando incomunicados y por eso ahora nadie quiere acercarse. Las escuelas que quedaron destruidas no se han reconstruido, los funcionarios del gobierno se han pasado un año supervisando, en ir a tomar fotos de lo que pasó y es la fecha en que no hacen nada. Conseguimos el terreno para reconstruir el hospital que fue destruido por la tormenta, fueron los funcionarios a decir que en un mes iniciaban la reconstrucción, han pasado más de dos meses y no han hecho nada con el hospital, nos tratan como mexicanos de tercera. Ya nos cansamos de que nos estén supervisando, se la pasaron un año supervisando nada y así quieren seguir otro año más”, reclamó Germán Galeana Sixto, delegado de Tlacoapa.

A un año del paso de Ingrid y Manuel, en la Montaña de Guerrero son visibles los impactos de la devastación en las comunidades; principalmente en la falta de acceso a servicios básicos; las afectaciones en vivienda; así como el mal estado de los caminos rurales que se ven cada vez más afectados por la entrada de la nueva temporada de huracanes. A la fecha, no hay ni un programa, ni un plan de acción gubernamental que responda integralmente a la necesidad de reconstrucción de la región de la Montaña, con excepción de la propuesta impulsada por el CCDM, “Para que llueva maíz en La Montaña” una propuesta de programa de abastecimiento extraordinario y gratuito de granos básicos con una serie de virtudes de primera importancia: enfoque de  derechos, pertinencia cultural y fortalecimiento del tejido social, que aún se encuentra siendo implementado, con deficiencias en las entregas.

Los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tienen hoy la oportunidad de aprender de un diálogo abierto y franco con los pueblos indígenas para generar un programa de reconstrucción que realmente encamine “la Política Pública hacia el bienestar social, el desarrollo humano y la participación ciudadana” , reabriendo y consolidando los canales de interlocución entre autoridades de alto nivel con las comunidades indígenas, que permitan llevar a generar proyectos incluyentes, con participación comunitaria, perspectiva de derechos humanos y adecuados culturalmente.

Finalmente, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y Tlachinollan, seguirán apelando a la solidaridad de la sociedad civil nacional y la comunidad internacional, para que se sigan visibilizando los impactos generados por las afectaciones más severas en las comunidades indígenas, hasta que haya una respuesta adecuada para los pueblos y comunidades de La Montaña de Guerrero.

Detienen a Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui

Acción Urgente
Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, detenido

Miércoles 11 de Septiembre de 2014

El día de hoy, jueves 11 de septiembre, a las 11:40 de la mañana de la Ciudad de México y las 9:40 de Sonora, fue detenido el vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales. Hasta este momento ignoramos su paradero y los cargos que se le imputan, sin embargo tenemos conocimiento de un proceso penal que se sigue en su contra sin que existan evidencias de su participación en dichos eventos.

Desde hace meses diversas organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado que las acusaciones imputadas a Mario son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la Tribu Yaqui, ya que  esto ocurre en el marco de la defensa de su agua, ante la construcción y operación del Acueducto Independencia.

Hacemos un llamado al gobernador del Estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, para detener esta escalda represiva en contra de los representantes de la Tribu y para que se abran caminos de diálogo que encuentren salidas a este conflicto.También pedimos a las autoridades competentes nos informen del paradero de Mario Luna y  que se garantice su seguridad física y psicológica y se respete su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.

Envíen llamamientos inmediatamente a:
Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, al Palacio de Gobierno Dr.  Paliza y Comonfort Hermosillo, Sonora, México. CP. 83000
Correo electrónico: guillermo.padres@sonora.gob.mx
Escribe mensajes a su Twitter @guillermopadres

Atentamente:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana.
Servicios de Asesoría para la Paz, A.C (Serapaz)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

Comunicado urgente del FPDT: 22 de agosto, 2014.

¡Atenco y Texcoco no están en venta, la tierra no es mercancía!

El día de hoy, 22 de agosto, el Tribunal Agrario con sede en Texcoco, citó la primer audiencia  en razón de la demanda que interpusieron dos ejidatarios defensores de la tierra para exigir la nulidad de la asamblea ejidal del 1º de junio y la suspensión del acta resultante de ésta, en el Registro Agrario Nacional (RAN) dadas las inconsistencias legales y corruptelas que predominan.

Desde muy temprana hora, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la población de las comunidades vecinas, compañer@s solidarios y medios de comunicación alternativos, caminaron por la carretera federal México-Lechería para dirigirse hacia el Tribunal agrario ubicado en una de las calles céntricas de Texcoco.

Aproximados al punto de llegada, decenas de priistas y un grupo de jóvenes -muchos de ellos sus propios familiares e identificados desde el 1º de junio, portando camisetas con la leyenda “Atenco, paz y progreso”-, igual que en la asamblea ejidal del 1º de junio, esta vez obstaculizaron el paso y arremetieron contra la manifestación que tenía como objetivo central llegar al Tribunal Agrario y acompañar desde afuera la audiencia.

Mientras tanto, dentro del Tribunal Agrario, el secretario de acuerdos, Moisés Jiménez, en ausencia del magistrado Daniel Magaña -con quien se comunicaba por vía telefónica- pidió a la parte demandada, el comisariado ejidal, presentar las actas de las convocatorias (18 de mayo y 1º de junio) y el acta resultante después de la asamblea, a lo que éste respondió que no llevaban nada, pues lo tenía el RAN; por lo que a su vez, el secretario solicitó al RAN, presentarlos para el próximo 8 de septiembre a las 10 de la mañana. Quedando asentada otra fecha de audiencia. De esto último, subrayamos que la inscripción del acta en el RAN ya fue suspendida desde hace varias semana y los señores del comisariado ejidal ya han sido notificados, por lo que podemos entender las agresiones y provocaciones que este día generaron, como la única opción y reacción ante la evidente ilegalidad con la que están operando la entrega de las tierras a manos privadas

Cabe señalar que el secretario Moisés Jiménez, solicitó a nuestros compañeros demandantes, que los miembros del FPDT, comunidades y organizaciones solidarias, suspendieran la manifestación, a lo que se le respondió que, no sólo tenemos todo el derecho de manifestación y libre expresión, sino que, los responsables de las provocaciones y la irrupción con violencia, son gente que acompaña al presidente del comisariado ejidal.

La provocación de los priistas nuevamente se reactivó para obstaculizar la defensa de la tierra. Otra vez recurrieron a su grupo de choque, golpeando a varios compañeros y compañeras, y también a compañer@s de los medios alternativos de comunicación a los que intentaron despojar de sus cámaras.

Con esta acción, nada novedosa, están tratando de montar una nueva antesala de represión e inmovilidad para nuestros pueblos defensores de la tierra. Ocurrió en 2006, y pretenden seguir con la misma estrategia de sembrar averiguaciones previas, para seguirse con la siembra de delitos contra la población que abiertamente reafirmamos nuestro amor por la tierra y acudimos a la defensa legal y la movilización social organizada y pacífica.

No se engañen. El problema no es de un pueblo peleándose entre sí, el problema es la defensa de la tierra contra el gran despojo que desde los gobiernos en turno operan para beneficio de las grandes corporaciones que insisten en adueñarse de nuestra patria pasando por encima de cientos de pueblos que defendemos y ejercemos nuestro derecho y obligación de luchar para defender lo que es del pueblo. Los grupos de choque del priismo, los entreguistas, los usureros, están haciendo el trabajo sucio a un problema más profundo donde está en juego, la libertad, la soberanía y el futuro de nuestro país.

Reafirmamos el amor a nuestra madre tierra, nuestra decisión a defenderla como otro derecho social al que no sólo los ejidatarios, herederos de la lucha revolucionaria, sino también la población en general tenemos.

Que lo entienda Enrique Peña Nieto y las mafias entreguistas, que lo entiendan los dueños del dinero: LA TIERRA NO ES UNA MERCANCÍA; LA TIERRA, EL AGUA Y TODO LO QUE DESCANSA SOBRE ÉSTA, ES DE LOS PUEBLOS Y SUS HIJJOS QUE LA CULTIVAN Y LA DEFIENDEN.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo, para prestar sus ojos a este pedacito de patria que igual que otros pueblos ejemplares, sigue levantando el machete y la dignidad en defensa de la tierra y la vida.

La siguiente audiencia será para el día 8 de septiembre a las 10 a.m. en el mismo Tribunal agrario de Texcoco.

Hace unos momentos, los defensores de la tierra de los pueblos de la orilla del agua, retornaron a la plaza de San Salvador Atenco donde se concentran para denunciar lo ocurrido.

Agradecemos la difusión y acompañamiento.

¡LA DIGNIDAD PUEDE MÁS QUE LA VILEZA!

¡LA TIERRA NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Encuentro de medios libres y radios comunitarias por la defensa del territorio

Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias por la Defensa del Territorio
22, 23 y 24 de agosto de 2014
en Amilcingo, Morelos.

INSCRIPCIONES Y DETALLES AQUÍ