El extraño caso de Doctor Prensa y Míster Medios

Por Marco Lara Klahr. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, emitió la estupenda, esperanzadora e insólita Recomendación 3/2012 [marzo 26, 2012] a la Procuraduría General de Justicia del DF y a su titular, Jesús Rodríguez Almeida, sobre la «Exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la contenida en los expedientes de averiguación previa» ?documentando 29 casos.
Con base en sus atribuciones legales, CDHDF no hizo más que repetir que una de las instituciones del Estado obligadas a perseguir las transgresiones a la ley penal en la capital del país, viola la Constitución y quebranta derechos de víctimas e imputados de delito, de manera sistemática, flagrante y a la vista de millones de personas. También pide a esa institución dejar de hacerlo, disculparse y restituir a sus víctimas.
Entre sus cualidades, esta Recomendación es oportuna en el actual escenario político-electoral del DF, donde dos de los tres principales candidatos han basado su liderazgo precisamente en una visión inquisitoria de la justicia penal. A juzgar por su mensaje y praxis, para Isabel Miranda de Wallace ?del Partido Acción Nacional? y Miguel Ángel Mancera ?del Partido de la Revolución Democrática? es legítimo que el Estado atropelle a ciudadanos acusados de «delitos graves».
Ambos han reiterado su aversión al modelo acusatorio de justicia penal en proceso de implementación a lo largo del país con base en la reforma constitucional de 2008, de modo que si cualquiera de los dos gana las elecciones del 1 de julio próximo, los habitantes de esta ciudad estaremos en riesgo de ser gobernados por una autoridad convencida de que violar derechos es válido en nombre del bien común.
En este sentido ?y sin que signifique que la CDHDF lo buscó así? la Recomendación 3/2012 puede ser leída también como un llamado a mirar por quién se vota, si acaso nos preocupa el trato al que seremos sometidos, lo mismo que nuestros familiares o conciudadanos, en la eventualidad una denuncia penal en nuestra contra.
Uno de los puntos nodales de la Recomendación 3/2012 es el argumento de interés público al que apela la Procuraduría del DF para hacer las «presentaciones»: «[…] ha argumentado que la exhibición de personas, la publicación de su información confidencial y la contenida en los expedientes […] tiene como finalidad que personas que han sido víctimas y ofendidas del delito puedan reconocer a las personas exhibidas y robustecer en su momento la consignación, así como el alto impacto social de la conducta que se le atribuye es necesario informar a la ciudadanía respecto de dicha detención».
Sin embargo, «se solicitó expresamente a la PGJDF que informara sobre el número de personas víctimas que a partir de la exhibición habían ocurrido a reconocer a las personas agraviadas, así como el número de denuncias que se hubieran recabado a partir de ese acto […]». Y el hallazgo es que «ninguna persona acudió a reconocerlos o a formular nuevas denuncias».
Es decir, concluye la Recomendación 3/2012, las «presentaciones» no solo no tienen una utilidad social, sino que son un «acto ilegal y arbitrario que atenta contra los derechos de las víctimas y de las personas probables responsables» ?violando en particular los derechos 1) al debido proceso y de garantías judiciales; 2) de las personas víctimas y ofendidas del delito; 3) a la integridad personal; 4) a la intimidad o vida privada, 5) y a la honra y reputación.
En el documento, la CDHDF recomienda a la Procuraduría del DF y su titular, 1) eliminar «de manera inmediata» esta práctica comunicacional y proteger los datos personales y los relativos al expediente de los acusados; 2) en un plazo máximo de tres meses una vez aceptada la Recomendación, establecer «una política pública de comunicación social que no vulnere los derechos de las personas víctimas y ofendida del delito y probables responsables [y] que garantice la transparencia y rendición de cuentas»; 3) en un plazo no mayor a un mes, a partir de aceptada dicha Recomendación, el procurador «emita una disculpa pública a las personas agraviadas y a sus familiares»; 4) en ese mismo plazo, se rectifique la información difundida, y 5) «En un plazo no mayor a 2 meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, repare integralmente a las y los agraviados por el concepto de daño material, lucro cesante y daño moral […]».
Estaremos atentos a la respuesta del procurador Rodríguez Almeida, a quien le sería de utilidad, por cierto, hojear la «Instrucción 3/2005 sobre las relaciones del ministerio fiscal con los medios de comunicación», en España.
Pero también debemos vigilar la reacción de las empresas de medios: hasta ahora, los medios noticiosos informaron sobre la Recomendación 3/2012 de forma anodina, como si no tuvieran vela en el entierro y no hubiéramos notado que la Procuraduría del DF ?igual que el resto de procuradurías del país, las policías y las Fuerzas Armadas? exhiben a detenidos justo para que los periodistas consumemos el «tribunal mediático»; como si no fuera evidente que el montaje a través de boletines y conferencias de prensa está concebido para atraernos a los periodistas y que los «tribunales paralelos» son uno de los productos noticiosos más lucrativos para la industria periodística.
La experiencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Morelos es que las empresas de medios y el gremio de los periodistas en general, constituidos en poder fáctico, han impedido que se abandone esta práctica como parte de la nueva cultura que propone el sistema de justicia penal acusatorio que se implementa en México.

Tuit
Apareció la Convocatoria al Taller de Periodismo El Sistema Penal Acusatorio y el Acceso a la Información. Oportunidades y retos, dirigida a los colegas de Morelos y que tendrá lugar en Cuernavaca, los días 12 y 13 de abril próximos. ¡Nos vemos allá!

El Acuerdo de Medios se cayó, hasta de la Web

Por Marco Lara Klahr. Cientos de medios periodísticos del país -convocados por Televisa y TV Azteca- firmaron hace un año [marzo 24, 2011] el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, mecanismo entonces atendible, no obstante que enlistaba solo buenas intenciones y no derechos específicos a respetar desde el espacio noticioso.
En este espacio recordé que «Durante los últimos dos años y medio, muchos de los más poderosos corporativos noticiosos mexicanos han simulado firmando de cara al público compromisos auto-regulatorios por la legalidad, la ética periodística y la responsabilidad social, que luego incumplen, defraudando de ese modo a sus amnésicas comunidades».
Aludía a los fracasados Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad [agosto 2008], Carta-Compromiso de Boca del Río [noviembre 2009] y compromiso de  «Acuerdo por la Discreción» de tipo colombiano que hizo Karen Sánchez Abott, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión [octubre 2010].
Una vez más, por desgracia, fuimos defraudados. El tiempo demostró que ningún poder fáctico ?en este caso el mediático? puede auto-contenerse si no parte, a) de un marco regulatorio establecido por la estructura del Estado, y b) del necesario contrapeso democrático del público en tanto su interlocutor directo.
Es decir, los medios y los periodistas solo respetaremos le legalidad, los derechos de los demás y la ética profesional cuando estemos obligados por la ley y nuestras comunidades. ¿O un banquero, un funcionario o un comerciante van a decir, por voluntad propia, de buena gana, «A partir de hoy no lavaremos activos, pues decidimos que está mal y nos sometemos a unas reglas de ética financiera que ya firmamos»?
Humillado por sus propios firmantes ?que persisten en su rol de «jueces paralelos» de víctimas e imputados de delito?, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia se revela como una anomalía: a través suyo los medios industriales pretenden que es posible suplantar la ley, al tiempo que violan la precaria regulación y boicotean toda iniciativa que persiga normar el acceso a la información y la libertad de prensa.
A su vez, quienes encabezan los poderes federales y estatales prefieren medios sometidos a la publicidad y la información oficiales, y no profesionalizados ni regulados, cuya supuesta investigación periodística en el ámbito de la seguridad y la violencia se limita a la reproducción de conferencias y boletines de prensa, y al acceso ilegal a detenidos, escenas del crimen y trozos de expedientes judiciales. En tanto, las organizaciones civiles carecen de la fuerza articulada para contrapesar a los medios.
Al final, los perdedores son, a) las víctimas y los imputados de delito, cuyos derechos procesales y de personalidad resultan avasallados por el binomio autoritario prensa-sistema de justicia penal, y b) el público, que pierde su derecho a estar informado.
Apremia, por ello, encontrar remedios sociales contra ese estado de cosas y lo primero es derribar las falacias según las cuales, a) medios regulados equivalen a medios amordazados, y b) toda regulación es per se conculcatoria de las libertades de información y expresión. Como el sistema financiero o cualquier otro, el de medios debe ser regulado, no hay opción.
Gracias a Ina Zoon, prestigiada activista rumana por la justicia procesal penal, conocí la «Instrucción 3/2005 sobre las relaciones del ministerio fiscal con los medios de comunicación», que contiene nociones de hacia dónde movilizarnos como sociedad ?incluido el gremio periodístico.
En dicha «Instrucción» el Ministerio Fiscal del Poder Judicial español establece las bases de su relación con los medios para asegurarse de que la Administración de Justicia sea transparente, con el único límite del respeto a los derechos que tienen las víctimas y los imputados de delito ?sus familiares y los testigos? al debido proceso y de personalidad.
O sea, privilegia la máxima publicidad de los procesos judiciales desde la fase de investigación hasta las audiencias orales, en beneficio del derecho a la información del público, siempre bajo el principio de proporcionalidad, protegiendo al mismo tiempo la presunción de inocencia, la intimidad, la identidad, la dignidad y la imagen de quienes protagonizan los juicios.
Analicemos y debatamos el documento para avanzar hacia una regulación de medios equilibrada e incluyente que abarque el ámbito de la justicia penal ?algo que adquiere especial relevancia hoy que en México se implementa un modelo de sistema penal acusatorio con base en la reforma constitucional de 2008.
¿Que los corporativos mediáticos gritan «censura»? Que lo hagan, es algo predecible considerando lo alejados que están del bien de sus comunidades. ¿Qué proponen, mejor, auto-regularse? Que su auto-regulen, pero con base en el respeto a una legislación democrática y no beneficiándose de los vacíos legales. ¿Que aseguran no necesitar leyes porque para eso firmaron el Acuerdo del año pasado? Mienten, no lo respetaron ni honraron su propia firma, y hoy está tan fracasado que aun la página virtual que lo alojaba se cayó: http://www.mexicodeacuerdo.org/acuerdo.pdf.

Florance Cassez y la furia social

Por Marco Lara Klahr. La furia del público hacia ciertas personas, inducida a través de los «tribunales mediáticos» propiciados por dependencias de comunicación de policías, procuradurías y Fuerzas Armadas, y ejecutados por los medios y los periodistas ?cuya lamentable función es la de liberar la cuchilla que cercenará mediáticamente las cabezas de ciudadanos imputadas de delito?, genera una polarización social desestructurante.
Si hay un legado de la administración del presidente Felipe Calderón es ese: haber polarizado a sus gobernados alimentando a los medios noticiosos industriales de un flujo permanente de historias sobre seres demoniacos que merecen ser odiados y exterminados ?si no es que lo fueron ya a manos del Ejército o la Marina.
Aprovechando el servilismo de la mayoría de los medios y los periodistas, Genaro García Luna, el Gran Inquisidor Federal, logró que Florance Cassez despierte esa furia, de modo que con mucha gente no puede razonarse sobre su caso.
Basado en lo que he escrito y hablado acerca de este juicio, así como en las preocupaciones que me han expresado lo mismo taxistas que colegas periodistas y radioescuchas, formularé cuatro puntos para reflexionar:
1.    Al liberar a Florance Cassez estaría liberándose a una secuestradora. Si la Primera Sala [marzo 21, 2012] o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votan favorablemente el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que concede el amparo a Cassez, ella sería liberada porque nunca fue culpable del delito de secuestro. Lo que la Corte estaría haciendo es enmendar una arbitrariedad del Estado contra alguien indebidamente juzgado y condenado.
2.    El que sea liberada no significa que sea inocente. Ante la ley, sí. La Constitución mexicana da a los jueces el monopolio de la verdad judicial. Ahora bien, la verdad judicial puede no coincidir con la verdad histórica, y hay casos en Estados Unidos, por ejemplo, donde alguien juzgado en condiciones semejantes a las de Cassez y luego liberado vendió su historia de homicida serial a una cadena televisiva.
3.    Hay víctimas de secuestro que no solo la identifican como uno de quienes los tenían en cautiverio, sino que personalmente les produjo daño físico y psicológico. La falta de confiabilidad de esos testimonios es justo uno de los aspectos centrales que ponen en duda la validez del proceso. Pero en el caso de que dichos testimonios valieran, no tienen por qué hacer culpable a una persona de manera automática. Un caso judicial es un conflicto entre un acusador y un acusado, y se aspira a que ambos tengan la oportunidad de ser escuchados de manera equitativa y de que su voz tenga el mismo peso ante el juez. Si en México el ministerio público está habituado a fundamentar sus acusaciones en afirmaciones incriminatorias de testigos de cargo, incapacitado como está para recurrir a la ciencia pericial, el problema es del ministerio público y no del imputado.
4.    Si es liberada, otras personas en prisión pretenderán también quedar libres mediante un juicio de amparo. Cierto. Es su derecho. Y todos querríamos tenerlo si se nos imputa un delito. ¿O habrá alguien cuerdo que diga, «¡Exijo que se me niegue el derecho al debido proceso!». Si a mí o a cualquiera se le imputa un delito, mi mayor interés como ciudadano es que el Estado nos ampare y seamos procesados con respeto a nuestros derechos humanos, o definitivamente no se nos procese. Es inaceptable que haya en este momento en las prisiones mexicanas 92 mil personas sin juicio, sin contar a las que fueron condenadas de manera irregular, como sucedió con Cassez, según el ministro Zaldívar.
5.    Se reivindican los derechos de la imputada, pero ¿y los de las víctimas? Que el Estado mexicano haya desamparado históricamente a las víctimas del delito no es responsabilidad de Cassez ni de ninguna otra persona arbitrariamente procesada.

Lo más importante es lo que muestra este caso acerca del sistema de justicia penal inquisitorio, y de cómo muchos de sus principios y prácticas han impedido durante décadas que víctimas e imputados, y sus familias, gocen del derecho a la Justicia penal.
En su proyecto, el ministro Zaldívar se enfoca no en el resultado final del juicio donde Cassez fue encontrada culpable, sino en que el proceso a través del cual se llegó a ese resultado estuvo viciado de origen porque los testimonios de víctimas y las declaraciones de policías ofrecidos como pruebas por la Procuraduría General de la República no son fiables, y al mismo tiempo se conculcaron sus derechos: i) a la asistencia consular; ii) a ser puesta inmediatamente a disposición del ministerio público; iii) a disponer de defensa adecuada y ser juzgada conforme a la ley, prefiriendo la autoridad federal, en este caso encabezada por García Luna, juzgarla mediáticamente, y iv) a la presunción de inocencia.
Si Florance Cassez es una secuestradora más que quedará impune y sus víctimas no serán restituidas, la responsabilidad es del ministerio público, por hacer detenciones y procedimientos ilegales. El sistema de justicia penal acusatorio, en curso de implementación en México desde 2008, promueve que todas las actuaciones de policías y fiscales se apeguen a la legalidad y el caso de Cassez puede ser el hito que nos lleve a dar el salto a ese sistema, para evitar la impunidad.
En cuanto a los medios y los periodistas, linchamos a Cassez cuando nos la «presentó» el Gran Inquisidor Federal y hoy ni estamos aceptándolo ni disculpándonos con ella y con la comunidad, ni comprometiéndonos a cambiar políticas, agendas y procesos editoriales para no participar nunca más en los «tribunales mediáticos», que quebrantan derechos, polarizan a la sociedad y frustrar el vital derecho de esta a la información.

Por ignorancia o cobardía

Por Marco Lara Klahr. La primera vez que entrevisté a Johan Galtung, creador del periodismo de paz, entre tantas cosas interesantes me dijo, «El problema es que muchas veces los periodistas no son sólo ignorantes, sino también cobardes». Se refería a que formulando al poder político las preguntas adecuadas podemos ayudar a que un conflicto no escale hacia la violencia o identificar una fuente de violencia proveniente del gobierno, pero que tememos hacer tales preguntas, ya por ignorancia, ya por cobardía.
Hojeando El Sol de Morelia [febrero 13, 2012] en un café del centro de esa ciudad, al encontrar en la sección «Policiaca» la siguiente nota cabeceada como «Ebrio se suicida en Barandilla», se me vino a la mente esa frase de Galtung:
«PÁTZCUARO, Mich.- Un joven que había alterado el orden público al estar bajo los influjos del alcohol, fue detenido por policías municipales y trasladado a Barandilla.
«Sin embargo, cuando el muchacho estaba solo aprovechó para ahorcarse con una cadena que traía, lo que movilizó a todo el personal policial, que ya nada pudo hacer para salvarle la vida.
«El hecho fue cerca de las 20:40 horas, en la cárcel preventiva de esta población, donde Oscar Eduardo Morales Salvador, de 25 años, quien había sido aprehendido por ebriedad, se ahorcó y murió.
«[…] el ahora occiso vivía en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la localidad de Tzurumútaro […], quien aparentemente tenía problemas de índole personal».
Esta nota revela los mecanismos mediante los que los periodistas y los medios noticiosos llegamos a estigmatizar personas para disimular, pretendidamente, una lamentable intervención policial. Consideremos en esta reflexión las siguientes preguntas:
1.    ¿Es lo mismo un «ebrio» que una «persona en estado de ebriedad»?
2.    ¿Que la persona estuviera ebria exime a la policía de responsabilidad?
3.    ¿Por qué la nota carece de crédito de autor y fuente de la información?
4.    Si el protocolo de intervención impone a la policía retirar al detenido todo objeto con el cual pueda producir o producirse daño, incluidas sus agujetas, ¿por qué en este caso la policía le permitió quedarse con una cadena del grosor y longitud suficientes para ahorcarse, habida cuenta de que estaba descontrolado?
5.    ¿Por qué la policía dejó solo al detenido no obstante que estaba fuera de control?
6.    ¿Las dimensiones de la barandilla ?juzgado cívico? de Pátzcuaro son tales que permiten que nadie note cuando alguien fuera de control se suicida colgándose?
7.    ¿Cómo está tan seguro el autor de que la policía trató de salvar a la víctima?
8.    ¿A cuenta de qué advierte que la víctima «tenía problemas de índole personal»?
No se trata de especular si el periodista produjo la nota por propia iniciativa o se la pidió un superior ?director, subdirector, jefe de información, editor?, ordenándole ceñirse a la versión policial; si él entregó una primera versión que luego fue manipulada para publicarse tal cual, o si alguno de quienes intervinieron en el proceso editorial buscaba deliberadamente ayudar a la policía a eludir su responsabilidad.
Es evidente que, cuales sean las circunstancias en las que murió la víctima, los agentes de la policía de Pátzcuaro implicados tienen responsabilidad administrativa y penal. Pero la nota aludida no solo no lo menciona, sino que su autor se esfuerza por machacar que el único culpable es el «ebrio», por «ser ebrio» y tener «problemas de índole personal».
Y el domingo volví a recordar la frase de Galtung por este encabezado: «Recapturan a El Coqueto, feminicida serial del Edomex» [La Jornada, marzo 4, 2011], que exhibe la convicción editorial de que una persona imputada de delito es culpable por el hecho de ser imputada, de modo que lo que un tribunal penal resuelva no es ya sino mero trámite.
Enseguida, sobre el mismo tema, di con esta otra pieza: «“El Coqueto, obsceno con las mujeres; cobarde para pelear“» [El Universal, marzo 2, 2012], con afirmaciones empeñadas en individualizar la violencia machista, aparte de machistas y pendencieras, sumisas a la fuente de procuración de justicia y per sé carentes de sentido noticiable:
«Era muy “entrón” para gritarle obscenidades a las mujeres, para ofrecerse a llevarlas a sus casas, para violarlas y después para asesinarlas; sin embargo, a la hora de los golpes con hombres siempre le faltó decisión, era un cobarde»
«[…] las pocas peleas que tuvo, las perdió. Él no las buscaba, pero la forma abusiva en que se comportaba al querer ganar el pasaje, le generó muchos problemas»
«Su actitud es resultado de baja autoestima, toda vez que creció en un ambiente de violencia intrafamiliar y carencias; aparentemente cuando era niño fue víctima de abuso, según el análisis de personalidad, resultado de sus declaraciones ante la PGJEM…»
«Guardaba… prendas de sus víctimas como… trofeo, actitud típica de un asesino serial»
«Cuando su turno comenzaba a las 3 de la tarde, él iniciaba a las 7 u 8 y se prolongaba hasta la madrugada, a las 3 o 4. Casi nunca se paraba en la base y daba muchas vueltas por fuera, sin checar tarjeta. A veces dejaba de operar»
¡Ay, querido Galtung, cuántas licencias nos damos los periodistas!

Pepe el Toro nos habita

Por Marco Lara Klahr. SANTA MARÍA HUATULCO.? El viernes, durante un taller de periodismo, cuando explicaba que el sistema de justicia penal acusatorio se fundamenta en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, una colega reaccionó de manera interesante para comprender la ambigüedad en la que vivimos atrapados muchos periodistas por falta de profesionalización.
Decía que en el sistema inquisitorio imperante en México, los medios y los periodistas, articulados a él, pisoteamos los derechos de los imputados al mismo tiempo que invisibilizamos a las víctimas, enfocándonos en reproducir la versión que de ellos nos dan policía y ministerio público.
Además, que cuando aparecen las víctimas en el espacio mediático, si acaso no son criminalizadas y/o denigradas también, las presentamos como seres derrotados, perdedores que, ni hablar, ya se chingaron, y no como personas cuyos derechos fueron afectados, lo cual impone al Estado la obligación de conseguir, a través de la justicia, que tales derechos sean restablecidos de la mejor manera y lo más pronto posible.
Expuse que, por ejemplo, si una persona es asesinada, el Estado debe asegurarse de que su familia sea restituida, mientras que hoy no lo hace porque se centra en castigar a quien puede, independientemente de que sea culpable. También, que el sistema acusatorio prevé el resarcimiento. La periodista reaccionó diciendo que no había manera de remediar la pérdida de un ser querido, de compensar a una mujer por la pérdida de un hijo, sugiriendo que yo pretendía convencerlos de que algo así tenía un precio.
Y aquí se revelo una de las paradojas que explican tal vez porqué los periodistas, igual que policía, ministerio público y tribunales, solemos abandonar a las víctimas a su suerte, anulándolas como sujetos de derecho: tal cual si la vida fuera una epopeya arrabalera de Pepe el Toro, consideramos que no hay poder, salvo el divino, que pueda contra lo fatal y que entonces a nuestro sino hemos de atenernos.
¿Para qué andamos entonces de soberbios exigiendo al Estado que enderece lo que la vida enchuecó por intermediación de un desviado? ¡Vaya materialismo que pretende que una madre cuyo hijo le fue arrebatado por la muerte a manos de un violento puede ser, digamos, sobornable a través del resarcimiento impuesto al victimario por un juez!
Es claro que habitualmente nos resistimos a mirar y entender: a) el delito no como la derrota del bien por el mal, sino como un conflicto entre dos partes, y b) que al dirimirlo a través del proceso penal no se busca reivindicar al bien respecto del mal o confirmar que el acusado está del lado del mal y por su delito-pecado debe pagar a la sociedad -que siempre personifica el bien-, sino para proveer justicia a la víctima responsabilizando a quien la afectó.
Al día siguiente, el sábado, confirmé todo esto, cuando en otro taller con colegas ahora de Puerto Escondido, en varios momentos reapareció la sombra omnipresente del mal detrás de los más diversos actos humanos asociados a una noción moral muy generalizada en nuestra sociedad; recojo tres prejuicios, que además he escuchado con insistencia en otros foros de boca de periodistas:
1)    Al contar un caso, un reportero policial dejó claro que una madre que para ir a su empleo deja a sus hijos pequeños en la casa, los abandona. Según tal discurso, esto no es parte de un problema estructural, donde el Estado escasamente provee a las madres el derecho a que sus hijos estén adecuadamente atendidos mientras ellas laboran; es resultado de mujeres malas, desnaturalizadas.
2)    En otro momento, dos colegas intervinieron para afirmar que las cárceles son escuelas del crimen porque en ellas las personas aprenden formas de delinquir, aparte de que muchas de ellas salen aún «más malas». Es decir, universidades del mal, donde la mala sangre de las personas, su predisposición al delito, las hace volverse «más mañosas», y no sitios donde el Estado las confina muchas veces sin juicio, y expone a condiciones de abuso y a caer en las redes del crimen organizado, sin darles posibilidad de alguna de reinserción social.
3)    Al final, otro reportero opinó que hay en las prisiones delincuentes que no tienen remedio, que aunque pasen decenas de años encerrados, siempre volverán a violar la ley, de modo que para que paguen su deuda con la sociedad y además el Estado no gaste miles de pesos en ellos, «me parece interesante la idea que escuché de que habría que matarlas y que sus órganos sean donados a quienes los necesitan».
Esto pone al periodismo contra la pared, pero sobre todo a la comunidad, que de este modo se divierte, se insensibiliza o se aterra con las noticias, perdiendo en cambio la posibilidad de informarse.

¿Seguro que los periodistas no matamos?

Por Marco Lara Klahr. Una sociedad despiadada genera medios y periodistas despiadados. Esto no nos exime de responsabilidad, sino que contextualiza nuestra función ante la comunidad como proveedores de información noticiosa a su imagen y semejanza.
Si como periodistas repetimos que nosotros «no producimos los hechos, solo los damos a conocer; no matamos, solo informamos sobre muertos», nuestro problema no es nada más de honestidad, también de transparencia: como magos, pretendemos que el público, fascinando con el acto, es incapaz de comprender el truco y hasta que hay truco.
En Teoría del periodismo [Ediciones y Publicaciones, 2006], Felipe Pena de Oliveira escribe: «No basta con producir científicos y filósofos o incentivar a navegantes, astronautas y otros viajeros […] es preciso que narren y transmitan informaciones otros miembros de la comunidad que buscan la seguridad y la estabilidad del ‘conocimiento’. A  eso, bajo ciertas circunstancias éticas y estéticas, puedo denominar periodismo» [p. 25].
Dudo que honremos con frecuencia esta enaltecedora y estimulante definición, además de que hay sucesos que nos confrontan con quienes como Pena de Oliveira insisten en dar a la profesión de periodista una noción de comunidad.
El linchamiento de tres jóvenes en San Mateo Huitzilzingo, municipio de Chalco, al oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México [febrero 10, 2012], y el incendio de la prisión de Comayagua, en Honduras, que mató a 358 personas [febrero 15], nos confronta como periodistas a preguntas que podrían ser incontestables para nosotros.
Al sobrevenir el incendio, la prisión de Comayagua padecía los males endémicos de los sistemas penitenciarios latinoamericanos, el de México incluido: hacinamiento por sobrepoblación del 200%, con su cauda de violencia e insalubridad; el 57% de los presos sin condena, es decir, más de 400 ciudadanos encerrados sin juicio, entremezclados con personas condenadas penalmente; co-gobierno de funcionarios y organizaciones delincuenciales, con lo que eso implica en cuanto a corrupción y abuso.
Las primeras preguntas:

  • ¿Cuántas de las personas presas ahora mismo en Honduras y el resto de América Latina fueron previamente exhibidas por policías y fiscalías en «juicios mediáticos», utilizándonos para ello a los periodistas?
  • ¿Cuántas víctimas de Comayagua fueron criminalizadas por medios y periodistas mucho antes de que un tribunal resolviera su inocencia o culpabilidad?
  • ¿El que muchas de esas personas resultaran, al final de sus juicios, condenadas, justificaba que fueran enjuiciadas y denigradas mediáticamente?
  • ¿Periodistas y medios seguiremos desempeñando el papel de apéndices de un sistema de justicia penal inquisitorio enfocado en castigar en vez de dar justicia?
  • ¿Seguiremos ayudando a ese obsoleto sistema a encerrar de forma indiscriminada a miles de ciudadanos imputados de delito que ya tras las rejas quedan sometidos a la exacción y el riesgo creciente de morir con violencia?

El cauce noticioso del linchamiento contra tres jóvenes en San Mateo Mateo Huitzilzingo, a su vez, es macabro por su carga violenta. A juzgar por los contenidos publicados y sus respectivos enfoques, es posible identificar cinco momentos en el discurso mediático:
1)    Vecinos «hicieron justicia» contra unos «secuestradores».
2)    La Procuraduría del Estado de México detuvo a los «culpables».
3)    Las víctimas no eran secuestradores, sino «albañiles» y no tenían «antecedentes penales» ?lo que sea que esto signifique.
4)    La causa del conflicto fue «piropear» a mujeres.
5)    Lo que en realidad produjo el linchamiento fue una «rivalidad amorosa».
En este caso mediático con tufo telenovelero, las preguntas son:

  • ¿Por qué periodistas y medios nos limitamos a reproducir versiones oficiales, incluyendo los twits del procurador Alfredo Castillo Cervantes, sin documentar las causas estructurales de este y otros sucesos recurrentes en ese estado?
  • ¿Por qué la policía fue incapaz de resguardar la integridad física de las víctimas y, en general, el gobierno estatal no pudo reaccionar con eficacia?
  • Si las víctimas hubieran resultado oficialmente secuestradores y/o con «antecedentes penales», ¿quedaba justificado el proceder de los linchadores?
  • ¿Pretendemos convincente la versión de que personas pueden ser linchadas «por piropear»? ¿Tan fácil puede resolverse una tragedia de esas dimensiones?

El manejo noticioso superficial de un hecho atroz oculta la responsabilidad gubernamental, legitima un proceder social anti-democrático y abona el terreno para que la historia se repita, porque no contribuye al aprendizaje social. Por el contrario, como dice Roberto Saviano, «El relato no tiene la capacidad de modificar lo que sucedió, pero puede transformar lo que está por suceder» [Vente conmigo, Anagrama, 2011, p. 24].
¿Seguro que los periodistas no matamos?

El «control de daños» por los 25 mil kilos, fácil

Por Marco Lara Klahr. Una de las reglas elementales de organismos y acuerdos internacionales, y leyes contra el lavado de dinero es prohibir operaciones comerciales o financieras en efectivo arriba de ciertos montos. Ha sido también una de las insistencias contra el crimen organizado de activistas de la sociedad civil como Alejandro Martí ?desde México SOS.
Permitir a alguien comprar en efectivo incluso un auto es dejar al descubierto una veta que será explotada por criminales ?servidores públicos corruptos incluidos?, no solo para lavar dinero, sino para comprar vehículos con los cuales delinquir sin dejar rastro.
Según la denuncia pública del diario Reforma [enero 30, 2012], la noche del 27 de enero dos funcionarios de la administración del gobernador veracruzano Javier Duarte abordaron en Xalapa un avión oficial cargados de 25 millones de pesos, para volar a Toluca, donde agentes de la Procuraduría General de la República ?PGR? los detuvieron por ello unas horas, aparte de retener el dinero, que sigue bajo su custodia.
El gobierno de Veracruz ha insistido en que el destinatario de esos 25 millones era Industria 3 SA de CV, por la prestación de «servicios culturales». Y así se ha quedado el asunto, hasta ahora, aunque sea injustificable que un gobierno disponga de tales sumas fuera del sistema financiero, se trate o no de una operación lícita.
En lo tocante a la cobertura noticiosa, hay aspectos que dejan entrever el mecanismo de «regulación» ?gatekeeper, le llama la teoría? al que las instituciones y los medios someten a los ciudadanos, vulnerando de forma artera su derecho a la información:
1)    Históricamente ?y como nunca durante el gobierno del presidente Felipe Calderón?, la PGR ha confinado a los medios industriales y sus periodistas a la función de verdugos en los «tribunales mediáticos».
Su área de comunicación institucional pone al detenido, el escenario y al funcionario inquisidor, y los periodistas acuden en tropel, tomado la imagen y los datos oficiales básicos, para enseguida realizar la condena de facto ante el público ?aun en casos donde tras ser «presentado» dicho detenido queda libre.
En el caso de los 25 millones del gobierno de Duarte no hubo, empero, «juicio mediático»: contra su costumbre, la PGR no convocó a conferencia de prensa, ni «presentó» a los dos detenidos, ni difundió su imagen. Podríamos pensar que, ahora sí, optó por respetar los derechos a la presunción de inocencia, la propia imagen y, parcialmente, la reserva identidad de los detenidos. Pero ni soñando.
Quienes mandan en la PGR saben que los medios están a su servicio para mostrar una eficiencia de la que carecen en tribunales y que, en cambio, si su presencia en el espacio noticioso dependiera de los juicios donde consiguen sentencias condenatorias, casi desaparecerían. Filtraron la información sobre los 25 millones de forma que hiciera el menor daño y así han procurado hasta ahora.
2)    En los estados, una de las primeras cosas que hace un gobernador al ser electo es re-trazar la propiedad de los medios, así como las asignaciones de publicidad y de contratos de gobierno a las empresas informativas.
Personalmente o con prestanombres, a) funda medios al vapor y/o b) compra acciones de algunos existentes; c) asigna los mejores contratos de publicidad a los medios afines, relegando a los críticos; d) asigna o retira contratos sobre obras o servicios públicos a dueños de medios, según su proximidad con ellos; y/o d) reprime o azuza a otros para que ataquen a periodistas y medios independientes.
El seguimiento local a la revelación de Reforma sobre los 25 millones refleja de forma impecable hasta dónde Duarte tiene sometidas a las empresas informativas veracruzanas: a) algunas no dijeron una palabra durante días, como La opinión y el descaradamente servil Mundo de Xalapa [en el DF, el semanario Proceso, por cierto, tampoco lo publicó]; b) salvo Notiver, la mayoría reprodujo tardía y tibiamente la noticia dada por Reforma y luego «olvidó» el asunto; c) ninguno hizo su propia investigación, y d) la mayoría enfatizó como noticia de arranque la versión del gobierno estatal sobre el destino de todo ese dinero.
En este último grupo se distinguen La Jornada Veracruz y el Diario de Xalapa: ¡publicaron la misma nota, firmada por «La redacción», destacando las gestiones formales del gobierno veracruzano para recuperar el dinero!
El tema, pues, ha ido esfumándose, evidenciando que la más rudimentaria estrategia de «manejo de crisis para el control de daños» permite fácilmente conseguir el olvido social ?con su peor secuela, la impunidad.

Adictos a la NT

Por Marco Lara Klahr. MEXICALI.- Uno de los peores efectos de la adicción a la «nota roja» es la de hacernos mirar como normales fenómenos sociales aberrantes. Mientras doy charlas y reporteo en esta ciudad, escucho y constato la siguiente queja de funcionarios de comunicación institucional: los medios informativos bajacalifornianos han ido dejando de enviar a sus reporteros a cubrir las audiencias penales, induciéndolos a exigir a dichos funcionarios datos y fotos de los imputados, así como boletines que les resuman los casos.
El contexto es este:
1)    Como en el resto del país, al anunciarse en Baja California la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio [2008] ?que incluiría audiencias públicas pero al mismo tiempo restricciones a la publicación de información que vulnerara los derechos a la presunción de inocencia, de personalidad y de protección de datos personales? los medios y los periodistas gritaron, «¡Censura!» «¡Ataque a la libertad de expresión!».
2)    Conforme ha ido implementándose dicha reforma [desde 2010], muchos periodistas han recibido información precisa y entrenamiento para aprovechar las posibilidades del nuevo sistema penal acusatorio en términos de acceso a la información.
3)    No obstante las fallas y retrocesos en la implementación de dicho sistema, hay periodistas que han podido entender que el nuevo entorno procesal les permite cada vez más ofrecer al público información vasta, contextual, precisa y equilibrada sobre los casos acerca de los cuales antes solo podían informar lo que la policía y el ministerio público les permitían, a través de mezquinas ruedas de prensa, boletines, entrevistas banqueteras y filtraciones ilegales.
4)    Basado en los principios de «publicidad», «continuidad», «contradicción» e «inmediación», el nuevo sistema procesal se compone de siete tipos de audiencias que deben realizarse de manera continuada; en ellas el público ?periodistas incluidos? puede conocer las versiones de víctimas e imputados, así como las pruebas y testigos, todo con la presencia obligatoria de los jueces, quienes su vez deben razonar sus decisiones ?desde la legalidad de la detención hasta la imposición de la pena.
5)    O sea, el nuevo sistema no propone censura ni constituye un ataque a la libre expresión, sino que delimita aquello que los medios y los periodistas podemos hacer en materia de derechos procesales, y lo que no porque vulnera los derechos de los implicados en el juicio.
6)    ¡Pero, como es obvio, resulta que aquí muchos medios y periodistas se sienten más cómodos con los «juicios mediáticos»!: reproducir versiones oficiales de la policía y el ministerio público, dosificadas en «presentaciones» de detenidos, boletines moralistas y criminalizantes, y filtraciones, es más cómodo y barato que verdaderamente cubrir un juicio.
7)    Es así que diversos medios bajacalifornianos se han dedicado, por un lado, a denostar públicamente los avances del nuevo sistema penal acusatorio, azuzando al mismo tiempo a sus reporteros a conseguir la información sobre los casos mediante las prácticas mendicantes descritas.
8)    Habrá jueces, fiscales, ministerios públicos, defensores públicos y abogados privados contentos con estos retrocesos, porque a nadie le gusta rendir cuentas solo porque sí. No es lo mismo que un juicio se dirima en la opacidad, dejando grandes espacios a la negligencia, la arbitrariedad, la incompetencia, la tortura y la corrupción, a que todos esos especialistas trabajen de cara a la comunidad, en audiencias públicas donde obviamente se harán visibles sus ineptitudes y vicios.
9)    ¿Y el público? Pues muchos quizás estarían satisfechos con el restablecimiento de los grandes «juicios mediáticos», porque ver cómo se produce daño a los demás sin que eso nos afecte a nosotros se ha vuelto un creciente divertimento.
10)     ¿Y las víctimas y los imputados? En esta lógica de adicción a la «nota roja», ¡que se jodan! De hecho, nunca fueron importantes, salvo para criminalizarlos, estigmatizarlos, discriminarlos y vejarlos en los «tribunales mediáticos».

Soy Marco L., y soy adicto.

Esto no es un epitafio, sino una idea

Por Marco Lara Klahr. En mi camino de reportero he sentido las palabras desesperadas, las miradas temerosas, los ademanes trémulos de colegas a los que poco después desaparecieron o mataron.
Sus comunidades ?el gremio periodístico incluido? han respondido casi siempre con la indiferencia o el linchamiento moral, acusándolos de corruptos, atribuyéndoles la responsabilidad sobre su lamentable fin, sugiriendo que lo merecían.
Esta manera colectiva de legitimar nuestro silenciamiento como periodistas ?tantas veces perpetrado por funcionarios o políticos aliados con criminales? dibuja una sociedad claudicante de su derecho a la información, y falta de compasión y coraje cívico.
En parte, se explica porque los periodistas, sumisos a los medios, solemos estar de hecho más cerca del poder; quizá la comunidad nos protegería y reivindicaría nuestra memoria si sintiera como propios los agravios en nuestra contra.
Indaguemos si el ejercicio de un periodismo socialmente responsable, al ocuparnos de los problemas cotidianos de la gente, nos proveería de un entorno más seguro y digno. Hacerlo nos permitirá, en todo caso, honrar de forma verdadera a nuestros colegas caídos.
Esto no es un epitafio, sino una idea.

***

Escribí esas palabras a petición expresa del Pen Club Internacional y su sección mexicana, para ser leídas en 60 segundos, durante la reunión de protesta contra los asesinatos, desapariciones y persecuciones de periodistas que finalmente nos congregó ayer al mediodía [enero 29, 2012] a decenas de escritores, poetas, periodistas y comunicadores comunitarios en el patio de la Casa Lamm [Ciudad de México].
Cuando minutos antes del encuentro, en una entrevista Huemanzin Rodríguez, prestigiado colega reportero cultural de Canal 22, me pidió opinar brevemente sobre la relevancia de la convocatoria del PEN Club Internacional ?para, además, honrar la memoria de nuestros más de 70 compañeros asesinados, al menos 10 desaparecidos y decenas de heridos, robados, intimidados de las más diversas maneras y exiliados a través del país?, mi respuesta espontánea fue «¡Ya era hora!».
No es que piense que los actos públicos de protesta y en memoria basten, pero son un recordatorio a los poderes político, económico y criminal conjurados contra el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, de que somos muchos los periodistas que vamos a seguir diciendo con nuestras herramientas profesionales, y la ética y el respeto a los derechos de los demás como único límite.
Y la potencia de un recordatorio es directamente proporcional a la potencia de la voz de quienes lo proponen, en este caso el Pen Club Internacional, y quienes acudimos a su llamado para leer nuestros sesenta segundos de palabras, con mesura; sin actitud lacrimógena, y sin aplausos, escuchándonos mutuamente, enfocados en el deseo de entendernos y hacernos saber.
Quisiera expresar lo que aprendimos ayer en el camino de construir juntos ese universo formado con fragmentos de 60 segundos de coraje, evocación y denuncia, pero la poesía es más eficaz en estas situaciones, de modo que prefiero reproducir Libertad de expresión, el llano poema de Maiakowski que un escritor del Pen Club en San Miguel de Allende nos recordó, dejándonos absortos:

La primera noche
ellos se acercan y cogen una flor
de nuestro jardín,
y no decimos nada.
La segunda noche
ya no se esconden,
pisan las flores, matan nuestro perro
y no decimos nada.
Hasta que un día
el más frágil de ellos
entra solo en nuestra casa
nos roba la luna y
conociendo nuestro miedo
nos arranca la voz de la garganta.
Y porque no dijimos nada,
ya no podemos decir nada.

Amor al sistema de justicia inquisitorio… por los siglos

Por Marco Lara Klahr. «Ojalá la pena de muerte estuviera al fin abolida y por medio del régimen penitenciario pudiéramos aspirar a la redención del delincuente. Pero mientras esto no sea tenemos […] que pedir que las leyes se cumplan para impedir que el crimen se propague y se aliente por medio de la impunidad».
Con variantes según el caso, en 2012 esta frase podría atribuirse al presidente Felipe Calderón; los precandidatos a gobernar el Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace y Miguel Ángel Mancera; al Partido Verde Ecologista de México o al líder de pepenadores Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como a varios periodistas y medios.
Pero proviene de un editorial publicado en 1883 por El Monitor Republicano ?gran diario liberal decimonónico? y quien la rescata es la historiadora Claudia Canales en El poeta, el marqués y el asesino. Historia de un caso judicial [Era, 2001, p. 63].
Al documentar los pormenores contextuales del proceso contra el carretonero Agustín Rosales por el asesinato del aristócrata Manuel Bolado en el Centro de la Ciudad de México [1874], Canales retrata con eficacia sobrecogedora la nula credibilidad del Poder Judicial; la ineficacia y corrupción del sistema de justicia, incluido el penitenciario; los sinsentidos del marco normativo; el peso del clamor «popular», reprocesado por los diarios; la potencia erosiva de los «juicios mediáticos», y cómo la clase política medraba con ese caos, contribuyendo a minar el sistema penal ?¡nada de lo que no sepamos!
La frase de El Monitor Republicano me impresionó porque, más de un siglo después, cuadra con la argumentación predominante entre quienes dentro y fuera del sistema de justicia penal mexicano se resisten hoy a la reforma iniciada en 2008.
Dicha argumentación puede resumirse en este silogismo: si se respetara la ley, los funcionarios trabajaran y no hubiera corrupción, el modelo inquisitivo de justicia bastaría y sería innecesario un cambio hacia el modelo acusatorio; aparte, como tal reforma, conforme se implementa, no está resolviendo el burocratismo, la corrupción y la impunidad, no sirve, de modo que es mejor aferrarnos a las certezas del viejo modelo.
En noviembre, por ejemplo, durante un taller de periodismo en Monterrey, un colega me reprochó que al implementarse el modelo acusatorio serán liberados homicidas confesos, como ocurre ya, según él, en Chihuahua y Baja California, y que en eso coinciden abogados y fiscales. Mi respuesta fue que,
1) Sin duda, la reforma constitucional de 2008 incluye contradicciones ?por caso, en el Artículo 20 garantiza de manera expresa la presunción de inocencia, y en el 16 da rango constitucional al arraigo?, pero eso no la invalida, la vuelve perfectible;
2) hablar de «homicidas confesos» en las actuales circunstancias omite la afirmación de Amnistía Internacional en cuanto a que en México la tortura «sigue siendo una práctica sistemática, generalizada e impune a nivel federal, estatal y municipal», y  «el abuso físico, psicológico e incluso sexual, se usa para extraer confesiones o información durante los interrogatorios ministeriales o interrogatorios practicados por elementos militares u otras autoridades» [No más «pagadores»…, pp. 20-21].
3) el modelo acusatorio no terminará por sí mismo con el burocratismo, la corrupción y la impunidad imperantes en el sistema de justicia penal mexicano; es apenas una plataforma para que en nuestro país se materialice el derecho a la justicia penal;
4) la reforma penal exige la profesionalización de policías, fiscales, defensores públicos, jueces y periodistas, quienes estamos cautivos del modelo mental inquisitorio; y
5) si los periodistas queremos un sistema más eficaz y justo, que se enfoque en la restitución a la víctima y el castigo justo al victimario, así como en el respeto al debido proceso, tenemos que erigirnos en acuciosos vigilantes de su plena transformación.

A finales del siglo XIX, en el editorial mencionado El Monitor Republicano proponía básicamente ejecutar ya la sentencia de muerte contra Agustín Rosales no tanto por un acto de justicia, sino básicamente de lección a la sociedad. Entrado el siglo XXI seguimos atrapados en lo mismo.
Con sus deficiencias, la base constitucional para un sistema más justo ya está. Ahora implementarlo y perfeccionarlo, lo cual exige ayudar desde el periodismo a la transformación de la cultura que nos mantiene anclados en la presunción de culpabilidad. En cuanto al gremio periodístico y los medios, hay diversas iniciativas que trabajan en esa ruta; aprovecho para dar cuenta de dos acciones en puerta:

Nos vemos allá.